Por Natalia Saralegui Ferrante, narrado por Sol Arri.

30/08/2020

Una tarde, después de retirar a su hija de la escuela, unos policías frenaron a Faustina y le dijeron que los acompañe a la comisaría porque tenían que sacarle sangre por una investigación de un homicidio. Era para comparar su ADN, le explicaron. A ese suceso, Faustina lo denominó “lo de los hombres”. Después, Faustina habló con su hermana, su hermana habló con una amiga que habló con una conocida y así llegó a una abogada. Porque lo que todas le dijeron fue eso: “Faustina, necesitas un abogado”. Entonces, al día siguiente de “lo de los hombres”, Faustina fue a verla.

– La única opción es que te vayas del país. Te tenés que fugar, diez años. Consigan plata, junten todo ya, porque te va a ir a buscar la policía. Te van a dar veinticinco años por homicidio.

El homicidio del que acusaban a Faustina era, en realidad, un aborto espontáneo de cinco meses de gestación al que la justicia de la provincia de Buenos Aires le pareció decirle “homicidio”. Como una traducción ilegal y cruel del mote “mata bebé”, imputaron a Faustina por un evento obstétrico que ella jamás tuvo al alcance disponer ni controlar. El panóptico obstétrico judicial que persiguió a Faustina hace lo mismo con tantas otras, pobres en su inmensa mayoría. La criminalización se vale de tipos legales inventados o creativamente reinterpretados contra mujeres que, por distintos motivos, ven interrumpidos sus embarazos. De esta manera, con acusaciones por “homicidio agravado por el vínculo” los poderes judiciales provinciales, de norte a sur de nuestro país, continúan persiguiendo a mujeres por su capacidad de gestar. O de interrumpir esas gestaciones.

La historia de Faustina no es la única. Es también la historia de Rosalía Reyes, una trabajadora precarizada de un frigorífico cercano a la localidad de Bahía Blanca, que parió en soledad, se desmayó y cuando despertó vio a su bebé muerto. Por no haber evitado la muerte de ese bebé, Rosalía fue condenada el pasado 19 de febrero a la pena de 8 años de prisión, por el delito de homicidio calificado por el vínculo. Ese mismo 19 de febrero que en Capital Federal miles agitábamos nuestros pañuelos verdes frente al Congreso Nacional diciendo “va a ser ley”.

Por acontecimientos similares, en el mes de mayo de este año, en la provincia de Corrientes, María también fue condenada por un evento obstétrico. Pero como la justicia penal siempre puede ser más cruel, su pena fue la de prisión perpetua. Perpetua. Como a los genocidas. Perpetua. Como a los femicidas. De hecho, por la misma calificación legal que a los femicidas: homicidio agravado por el vínculo. Artículo 80 inciso 1 del Código Penal.

– Sólo recuerdo que tuve un parto con mucha sangre – declaró en el juicio. – Me desmayé y no recuerdo más nada. Me desperté en el hospital.

Entre ese parto que la tomó por sorpresa y el momento en el cual se despertó en el hospital, María perdió aproximadamente dos litros de sangre. Si la sangre circulando en el cuerpo de una mujer de la contextura de María es de entre 4 y 5 litros, ella en ese momento había perdido la mitad de toda la sangre de su cuerpo. De todas formas, para la justicia correntina María debería haber hecho algo que no hizo. Tampoco en la condena explican en qué consistían esos cuidados que María omitió. Pero como el bebé resultó muerto, María debe pagar una condena de por vida. Una decisión que tomaron tres jueces de un tribunal oral y que confirmaron otros tantos jueces –todos ellos varones- del Superior Tribunal de Justicia de la provincia.

Faustina, Rosalía, María no son las protagonistas de historias extrañas, raras, de laboratorio. Más bien lo contrario: son representativas de un grupo mucho más grande del que nos imaginamos. Decenas como Belén se multiplican en todo el territorio nacional, anónimas pero actuales, urgentes. Desde ese lado de las rejas llegan ellas y del otro lado llegamos todes nosotres a este agosto, en un nuevo aniversario de la madrugada en la cual un puñado de senadores y senadoras decidieron mantener cautivos los cuerpos de las personas gestantes. De esa manera perpetuaron lo que Judith Butler denominó con justeza como una reiteración performativa del poder del Estado sobre los cuerpos de las personas embarazadas. Un ritual de poder que impone, hasta el día de hoy, abortos clandestinos y embazados forzados. Mientras tanto, las presas del panóptico obstétrico cumplen sus condenas, más allá de los discursos de quienes argumentaron en el debate parlamentario de 2018 que no, que ellas no existían, que nadie estaba presa por este tipo de cosas, que las muertas por aborto eran demasiado pocas como para detenernos en sus vidas.

***

Faustina, después de escuchar lo que le dijo la abogada, pensó en irse. Dejar todo atrás. Pero tenía hijes y ella era su único sustento. Tampoco tenía los recursos para darse a la fuga. Unos días después llegó la policía a su casa.

– A las cuatro de la tarde tocan la puerta. Un allanamiento en mi casa, que me venían a buscar a mí. Buscan testigos de la calle. Me llevan presa.

La historia de Faustina termina con ella presa, condenada a ocho años de prisión y muerta en la cárcel por la falta de asistencia médica. Vale decir que Faustina no se llamaba Faustina. Ella no quería que se asocie su nombre con este vericueto de su historia y por eso Faustina es un nombre inventado por mí, desde la comodidad de mis privilegios frente a la pantalla. Privilegios que van desde ser blanca hasta tener un salario, pastillas anticonceptivas e incluso a anticoncepción oral de emergencia. Pero también de tener el privilegio de contar con el contacto de las compañeras socorristas en el teléfono, por si el método anticonceptivo falla.

Contra los pronósticos –y pronosticadores- que dicen que el aborto legal no es parte de la agenda urgente, presento estas historias. Porque necesitamos que el 2020 sea el año del aborto legal, seguro y gratuito. Mientras este derecho se mantenga en la ilegalidad, quienes avanzan son aquellos que atrasan el reloj de los derechos de las personas gestantes. Para muestra basta el restrictivo e inconstitucional protocolo para abortos no punibles promulgado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta. O la declaración de la localidad salteña de Orán como municipio “pro vida”, en contra de los derechos ya consagrados para quienes cursan sus embarazos y están en condiciones de interrumpirlos de forma legal. Por ellas, por las presas del panóptico obstétrico, por todes nosotres, el deseo de tantas es que este agosto sea el último de una época en la que la gestación implica, en algunos cuerpos, un castigo.