URBE

PERONISMO Y TECNOLOGÍAS #4:

EL ROL DEL ESTADO EN EL DESARROLLO NACIONAL

Por Facundo Ritter
30/07/2022

Este texto forma parte del dossier Peronismo y tecnologías, planificado por Facundo Ritter y Joaquín Correa. Este es el cuarto número, elaborado por Facundo Ritter, que se ocupa del devenir de las tecnologías en el siglo XXI, en el marco de la reconfiguración de la geopolítica global. Las entregas previas se pueden leer en estos enlaces: (1) (2) (3).

En la actualidad, el acceso a la información, las comunicaciones y el conocimiento no sólo es un factor determinante para el enriquecimiento y competitividad de la Nación, sino principalmente una fuente de desarrollo social, cultural y económico de las personas. Atendiendo al rápido avance y extensión de las TIC en la vida cotidiana, quienes estén excluidos y excluidas de este conocimiento, lo estarán cada vez más profundamente no sólo desde el punto de vista tecnológico sino también desde el punto de vista social, cultural, político y económico. Es por esto que el Estado Nacional asume un rol determinante en este ámbito, democratizando el acceso a la conectividad y al uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

En ese sentido, el Estado debe tener un rol activo en la planificación y orientación de las políticas públicas destinadas a desarrollar sectores tecnológicos y científicos, y promover procesos de transformación digital en los diferentes sectores sociales, el ámbito público y el privado. A diferencia de lo establecido en el sentido común, que considera a la maquinaria burocrática del Estado cómo un ámbito de resistencia a la innovación y la tecnología, durante los primeros años de desarrollo de los sectores I+D (inversion + desarrollo) de la economía, fueron los Estados quienes lo promovieron y financiaron. Distintas estrategias pueden identificarse a lo largo de los últimos sesenta años en la región latinoamericana. Siguiendo la argumentación de Gustavo Crespi y Gabriela Dutrénit en Políticas de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo: la experiencia latinoamericana, resumimos brevemente los paradigmas por los que transitaron las políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).

Durante los años 50-80, el desarrollo del sector tuvo una fuerte orientación hacia el lado de la oferta, por un lado influenciado por la dinámica de una industrialización orientada y por otro lado por los requerimientos del modelo de sustitución de importaciones. Durante esta época, surgen en la región numerosos Consejos de Ciencia y Tecnología, encargados de financiar la investigación, formar recursos y establecer los marcos de la formación técnica. En Argentina por ejemplo, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Esta etapa estuvo caracterizada por un fuerte impulso de la industria desde el sector público y académico. Jugaron también un rol estratégico los sectores I+D de las grandes empresas públicas de la región, por ejemplo YPF y Petrobras. Sin embargo, según los autores mencionados, el desarrollo de la industria privada fue escaso y percibió un bajo nivel de interacción con el sector público

 Durante las décadas 80-00, la lógica de las políticas públicas estuvo signada por el enfoque del Consenso de Washington. Se llevaron adelante múltiples reformas en toda la región, sobre todo tendientes a la liberalización y privatización de los sectores de desarrollo bajo la premisa de que la excesiva intervención del Estado había influido en las fallas del periodo anterior. El cambio de lógica implicó una pérdida de importancia y presupuesto de los sectores de innovación del Estado, el avance de las universidades privadas y la incorporación de nuevos incentivos de acuerdo a las demandas del mercado. En resumen, las principales políticas durante este período tendieron a la desregulación del sistema educativo, la reducción del apoyo a la investigación científica, el fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual y la preponderancia del mercado.

A partir de los 2000, y ante el obvio fracaso de las políticas neoliberales, se reforzaron las políticas del estilo del Fondo de Desarrollo Tecnológico, complejizando sus estructuras y con mayor interés sobre programas verticales y no horizontales. Uno de los aspectos centrales del proceso de fortalecimiento de los institutos tecnológicos es el interés creciente en establecer enfoques sistémicos a la transferencia de tecnología con programas que busquen la articulación de los Institutos con proveedores privados de servicios tecnológicos a las empresas. Protagonizan esta época los subsidios orientados, los programas verticales orientados a objetivos tanto en aspectos de provisión de tecnología como de desarrollo e intervención en el mercado. Las políticas de CTI se han institucionalizado más y se tiende a la creación de carteras exclusivas de CTI y Consejos de innovación, gabinetes interministeriales, etcétera.

Resulta de suma importancia para quienes tienen hoy, o aspiran a tener, un rol de toma de decisiones dentro del Estado en el ámbito de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, orientar las mismas hacia la producción de objetivos claros, evaluación y mejora continua. Realizarlo de forma local pero con mirada federal y hacia la región, permite incorporar oportunidades exponenciales y enriquecer los enfoques de tecnología a partir de la experiencia de los países de la Patria Grande.

Es preciso tener en cuenta la mirada del desarrollo tecnológico, pero sin perder nunca de vista que la incorporación de la tecnología a la vida cotidiana no debe nunca alejarse del principal objetivo de los espacios de I+D: garantizar mejores condiciones de vida para las personas. Por ello, debemos ocuparnos también de aquellos lugares donde no llega la tecnología o la ciencia.

Aeropuertos 2000

La inclusión tecnológica

Llamamos “brecha digital” a la desigualdad entre las personas que pueden tener acceso o conocimiento en relación a las tecnologías y las que no. Al inicio de las TIC, se creía que existía cierto retraso en algunos sectores sociales, colectivos o poblaciones, y que este se superaría gracias a la mayor disponibilidad de ordenadores y de conexiones a Internet. Sin embargo, estas desigualdades persisten y se amplían adoptando incluso nuevas formas. Esto dió lugar a una complejización del concepto de brecha digital. Un primer paso se produce en relación al acceso a equipamientos -primera brecha digital- como en la utilización y la comprensión de las que ya se encuentran a nuestro alcance -segunda brecha digital-. Desde una mirada interseccional, otro nivel de complejización podría ser señalado por cuestiones de género, de edad, de locación, etcétera. Estas diferentes conceptualizaciones respecto de la brecha digital, entendiendo la misma cómo multidimensional, llevaron a una denominación más certera.

La noción de “inclusión digital” surge en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, en el 2003. Dicha cumbre fue un evento internacional organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, centrado en los aspectos sociales de la Sociedad de la Información. A partir de allí, la inclusión digital se incorpora en el marco de la inclusión social, de forma relacional. Hoy existe un amplio consenso respecto de que la imposibilidad de acceso y manejo de las tecnologías digitales forman parte del universo de la exclusión social. En dicha cumbre, la inclusión digital se definió cómo el conjunto de políticas públicas relacionadas con la construcción, administración, expansión, ofrecimiento de contenidos y desarrollo de capacidades locales en las redes digitales públicas, en cada país y en la región.

Entonces, este cambio de perspectiva implica que mientras hablamos de brecha digital pensamos en políticas o acciones orientadas a garantizar el acceso a las tecnologías (ya sea hardware o la infraestructura necesaria, por ejemplo internet), mientras que cuando hablamos de inclusión digital estamos pensando en la integración de las TIC en la sociedad, en miras de favores el desarrollo económico y social de un país o localidad. Este cambio de mirada abre la discusión a otra serie de conceptos: apropiación tecnológica, soberanía digital, desarrollo tecnológico, entre otros

 En nuestro país, el acceso a las TIC no es homogéneo ni extendido: 66 de cada 100 hogares acceden a internet fijo. En el caso de los principales aglomerados urbanos, este número asciende a 82 de cada 100. Respecto al acceso a computadoras en los hogares, este es del 61%, y su uso desciende al 41%. Lo que podemos observar respecto del tema tiene dos aristas: por un lado, la cuestión de acceso al hardware, infraestructura y equipos necesarios y por otro lado, el uso y conocimiento de la tecnología. En un mundo cada día más mediado por la digitalización, los trámites online y las habilidades computacionales, las dificultades en el uso de artefactos digitales es una condena que empuja a la exclusión y marginación. Los datos anteriores reflejan una situación que requiere una mejora inmediata y un rol activo del Estado en la garantización del acceso, uso y apropiación de las TIC.

Los desafíos del siglo XXI

Este enorme desafío implica políticas de largo plazo que permitan desarrollar infraestructura tecnológica nacional, continuando con iniciativas como la Red Federal de Fibra Óptica, profundizando y mejorando su desempeño, claves para garantizar la soberanía sobre la información, regular la producción en función de objetivos estratégicos e integrar a las diferentes regiones del país más allá de su rentabilidad para el mercado. 

La globalización ya no esconde la penetración tecnológica de grandes países avanzados en dicha materia, que empujan al mundo a un desarrollo tecnológico unidireccional, aumentando la dependencia y segando la posibilidad de distintos futuros para la humanidad y su relación con la técnica. Es vital trabajar en múltiples cosmotécnicas, es decir, múltiples formas de concebir a la tecnología en el mundo, que permitan pensar distintas salidas al devenir que parece plantear el actual desarrollo tecnológico y, por ello, es clave que los Estados nacionales establezcan sus propias agendas y concepciones filosóficas en su rol de espacio de condensación de la política y la democracia.

En el interior mismo de los tres poderes del Estado, es necesario incorporar la innovación cómo una técnica que puede agregar muchísimo valor a los procesos y mejorar la calidad, los tiempos de respuesta y la llegada en todo el territorio argentino. Desde las iniciativas de transparencia en cuanto a la publicación de los datos abiertos y la apertura de información, hasta la digitalización y la incorporación de tecnologías como la blockchain a los procesos de seguridad, todas deben ser abordadas por el Estado. Las políticas de transparencia (Estado Abierto) pueden tener un alto impacto poniendo a disposición de la sociedad civil los datos e informaciones sobre la gestión, sus procesos, presupuestos, productos, resultados en múltiples formatos y modos de visualización. 

Muchas veces resistidas, estas políticas avanzan en diferentes lugares del mundo y permiten a diferentes organizaciones sociales, periodistas, individuos, académicos, profesionales y personas interesadas, poder utilizar esa información para sus trabajos e intereses, planificar acciones y orientar su acción. No obstante, se requiere de cambios culturales en la administración pública, decisión y voluntad política por parte de la organización elegida para implementarla, capacitación en la administración pública, elaboración de matrices de datos complejas y rutina de trabajo para relevar y registrar la información. Además de todo ello, requiere ciertos niveles de informatización de los procesos de la administración de los cuales muchas organizaciones públicas en Argentina hasta el momento no gozan, mucho más si se consideran los Estados subnacionales o los Estados locales.

Aeropuertos 2000
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