Por Magdalena Vercelli
30/08/2020

El 16 de julio la Legislatura Porteña votó la adhesión al protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), establecido por el ministro de salud de la nación, Ginés González García, en diciembre de 2019. Si bien la sanción implica un avance en materia de acceso a la salud y de ampliación de los márgenes del derecho a la autonomía de las personas gestantes de la Ciudad de Buenos Aires, es importante destacar que este protocolo está basado en las antiquísimas causales previstas por el Código Penal en 1921, según las cuales la interrupción del embarazo es legal si el mismo es producto de violencia sexual o implica riesgos para la vida o la salud de la persona gestante. Como avances, podemos citar que no es necesaria una denuncia penal para realizar la ILE, y que respecto de las personas a partir de los 13 años “se debe considerar la voluntad -es decir, la autonomía para decidir sobre su cuerpo- al momento de dar intervención a los organismos de protección”.

“Avances con gusto a poco”, esboza la colectiva feminista. Más allá de las conquistas que faltan en materia de autonomía de los cuerpos gestantes, la reglamentación del Protocolo de ILE a cargo del Jefe de Gobierno Porteño merece una lectura política y desde su contexto de relaciones y actores de poder.

Como contrapartida a este avance en materia de acceso a la salud y de ampliación del derecho a decidir, el Gobierno de la Ciudad creó dos programas a la par de la adhesión al protocolo: “Programa de derivación garantizada a la persona embarazada para instituciones con ideario confesional y/o ético que deriva en la mayoría de profesionales objetores de conciencia”, y “Programa a la par” -a cargo del acompañamiento de las personas gestantes que tomen la decisión de no abortar- dependiente del Ministerio de Desarrollo y Hábitat. Estos programas, desde lo formal, desconocen la Ley N° 143, norma Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires -donde se explicitan las obligaciones del Estado en materia de control y regulación del ejercicio de las profesiones (art. 12 punto “i”)-; también niegan la Ley Nacional N° 26529, de Derechos del Paciente y las obligaciones de lxs Profesionales e Instituciones de la Salud, además de aquellos tratados de DDHH con rango constitucional en Argentina, que establecen la obligatoriedad de los efectores en garantizar interrupciones de embarazos no punibles.

Existen algunos paralelismos preocupantes en el desempeño político de Horacio Rodríguez Larreta. Al parecer, se mueve en la gestión con la misma cintura que al referirse a su partido nacional frente a las movilizaciones convocadas el pasado 17 de agosto. En un continuo y desafiante vaivén, entre liberal y conservador, el hábil mandatario se desliga o toma las banderas, según conveniencia y según agenda.

Recorriendo imágenes de la movilización en CABA encontramos una expresión, una intención política que queda al descubierto, poniendo de relieve la ideología de su base de sustentación, en contraposición a la pantomima dialoguista que practica, y que comienza a resquebrajarse.

¿Cuál es el origen de esta determinación conversadora que en el siglo XXI continúa posicionándose en favor del dominio por parte de los hombres sobre todas las identidades? Judith Butler toma la categoría de lo abyecto -fuera del cuerpo- para ubicar toda identidad que no se ajuste al ideal regulatorio del sexo, ni a los principios del sistema masculino/femenino. Es decir, es aquello que la norma rechaza y que el poder invisibiliza, reniega de nombrar. Lo abyecto provoca, por su mera existencia, una amenaza hacia la matriz conservadora; las personas gestantes quedamos, bajo esta lógica, en el lugar del odio y del imperativo de domesticación.

Hoy contamos con un flamante Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y con la voluntad de un gobierno que busca transversalizar la perspectiva de género en sus políticas de estado, desde los ministerios nacionales hasta las agencias de seguridad social y discapacidad, INDEC y PAMI. Ahora bien, este fervor federal que tanta salud le trae a nuestra Argentina convive con las iniciativas retrógradas en diversas latitudes, comenzando por la Ciudad de Buenos Aires. La afinidad ideológica de Horacio Rodríguez Larreta y sus correligionarios es decididamente invisibilizada, y son sus políticas y programas los que ponen en evidencia el peligro nacional de la unidad de concepción opositora.

Hace un tiempo leí el desgrabado de la ponencia “Sociedad Femenina y Politización Social”, de la investigadora y socióloga Dora Barrancos, realizada en 2015. Encontré allí el relato de un pasaje histórico que nos viene a cuento: “en 1954, luego de extensas jornadas de debate y sin votos de la bancada radical, se aprobó en el congreso nacional el derecho al divorcio vincular. Esta ley fue uno de los avances peronistas relacionado directamente con la realidad femenina y con sus derechos fundamentales, como la autonomía de las personas. Lamentablemente, en abril de 1956, el gobierno militar que derrocó a Perón suspendió este derecho atendiendo a las presiones católicas. Lo que primó aquí fue una moral política basada en la contención sexual de las mujeres, propia del siglo anterior. Éstas no sólo se encontraban relegadas a la vida privada y dentro del hogar, sino que su cuerpo devenía propiedad -así como si fuera un territorio- de su marido.”

Como vemos, los derechos no sólo se conquistan, sino que también se pueden perder. Queda la lucha feminista, la determinación política y la mirada crítica renovada frente a los embates morales, ya viejos y harapientos, que cada contexto político reedita.