Por Chabeli Rodríguez

27/09/2020

El subsecretario de Innovación Administrativa de la Jefatura de Gabinete, Luis Papagni, y el decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA, Alejandro Martinez, conversan, medialunas y café mediante, de las limitaciones que tiene hoy el Estado para el mantenimiento y desarrollo de los sistemas tecnológicos transversales.

Estos sistemas informáticos llegaron para quedarse y se usan para trabajar dentro de la administración pública con los expedientes electrónicos, como para que los y las ciudadanas accedan a trámites a distancia más rápido y con menos burocracia.

En la charla se le empieza a dar forma a una idea que se viene planteando desde hace un tiempo sobre la innovación tecnológica en el Estado: la creación de una agencia que dé soporte informático y genere desarrollo para todos los organismos del Estado, con una estrategia integral en la que se capacite a sus trabajadores. Esta es una discusión que tiene como telón de fondo el resguardo del activo digital y la soberanía tecnológica del Estado, aspectos en los que otros países de la región fueron pioneros en el desarrollo de este tipo de unidades ejecutoras, como es la Agencia de Gobierno electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), creada en Uruguay inicialmente en 2005, o la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (AGETIC), creada en 2015 en Bolivia.

C.R.: En los últimos años, el Estado empezó un progresivo proceso de modernización, en el que varios trámites dejaron de ser presenciales y pasaron a ser virtuales. La pandemia aceleró esos tiempos, y ahora tenemos una migración masiva a la virtualidad, por lo que quienes trabajan en el sector de servicios informáticos pasaron a ser muy cotizados. ¿Cómo vivís este proceso como subsecretario de Innovación Administrativa?

L.P.: Hoy, estando a cargo de la Subsecretaría, no podemos terminar de conformar un equipo de desarrolladores informáticos de 30 personas por varias cosas: por los costos primero, por la falta de trabajadores/as en segunda instancia y, como tercer motivo, incluso si pudiésemos contratar a gente de este sector con un régimen especial más allá del régimen de la administración pública esto rompería el esquema de trabajo con el resto de las áreas de la Subsecretaría. La disparidad entre los equipos de trabajo haría muy difícil la articulación, porque si tu compañero gana el doble, eso genera resistencias al trabajo en equipo. Y estamos hablando de la Subsecretaría encargada de darle soporte a todos los sistemas informáticos transversales del Estado.

A esto se le suma la alta competitividad del sector privado, donde vos formaste a un informático junior y migra como semi senior al sector privado, e incluso a otros organismos estatales que por ser agencias o tener un régimen especial, pueden pagar los salarios que paga el mercado, y que además funcionan muy bien. Creo que el principal objetivo que tenemos hoy es que las capacidades tecnológicas que desarrolla el Estado tienen que quedar dentro del Estado y se las tiene que entender como un activo digital que tiene que ser resguardado.

CR: Mencionaste que el régimen de la administración pública nacional y la falta de un régimen laboral especial es uno de los impedimentos para resguardar a los trabajadores del sector informático, el activo digital, ¿qué otros desafíos ves?

L.P.: Hay varios desafíos para poder conformar un equipo competitivo en el sector informático dentro del ámbito público. El primero es el tema del salario, porque no hay una escala diferenciada y frente al sector privado no hay manera de competir. El segundo es el tema de la capacitación, porque incluso en la administración pública nacional no hay una estrategia de actualización de conocimientos permanente en programación y desarrollo. La tercer cuestión tiene que ver con que incluso en el Estado nacional, salvo algunas excepciones, la mayoría de los organismos que necesitan un sistema, acuden al sector privado. Y no hay tampoco un acuerdo común sobre los lenguajes de programación con los cuales tiene que trabajar el Estado. Entonces tenés un universo de tecnologías desparramadas pasando por cobol, .net, java, php, entre otras. Esto es un problema que se viene arrastrando hace años y hoy desde la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI), de la mano de Nicolás Karavaski, se trabaja mucho en marcar estándares de contrataciones y recomendaciones. Es el organismo que aprueba los pliegos de contratación referidos a las distintas tecnologías y la verdad que hay un mayor orden desde que llegamos, pero es un problema que venía arrastrado.

C.R.: Me imagino que eso genera cierta dependencia de las empresas que desarrollan los sistemas, porque si cada sistema de cada organismo del Estado está programado con un lenguaje diferente, es muy difícil para las respectivas áreas de sistemas de los ministerios contar con los conocimientos para hacer el mantenimiento. Por lo tanto, también se tiene que acudir a esas empresas para el mantenimiento.

L.P.: Exacto, y eso muestra cómo al día de hoy tenemos gran cantidad de recursos, capacitándose cada uno por su lado, como puede y con un Estado en el cual cada organismo sale a buscar al mercado empresas que le den soporte de su tecnología en particular de forma desagregada, descentralizada y sin una estrategia coordinada.

Hoy por hoy, muchos de los proyectos que se articulan dentro de distintos organismos del Estado terminan por lo general, en la mayor medida, siendo ejecutados por empresas privadas, mayormente multinacionales o empresas con orígenes extranjeros, que tienen equipos de desarrollo en cantidad y calidad, frente a lo cual las Pymes tecnológicas no pueden competir y por lo tanto las grandes empresas terminan acaparando el mercado y las necesidades del Estado. Y esas empresas son las que después sacan las divisas del país, lo cual duplica el costo para el Estado.

La cuestión que nos convoca tiene que ver con cómo ganamos soberanía tecnológica y cómo creamos una fuente de conocimiento dentro del Estado que sea sustentable en el tiempo.

C.R.: Dicen que de los laberintos se sale por arriba, ¿cómo salimos de este?

L.P.: Salimos construyendo soberanía tecnológica. Salimos si conseguimos hacer un esquema en el que la Secretaría de Innovación es la que dicta política pública en la materia y tenemos una Agencia en la cual los trabajadores están bien pagos, donde tengamos una estrategia de formación y actualización continua, donde las universidades puedan acompañar sentadas directamente como parte de la agencia y donde el sector gremial tenga injerencia.
El objetivo de la agencia es ejecutar la política que determine la Secretaría de Innovación pública, ya sea desarrollo evolutivo, mantenimiento, innovar en nuevas tecnologías. La Agencia tiene que ser pionera en todo lo que sea desarrollo de innovación, tiene que ser el ámbito al que acudan otros organismos del Estado para buscar desarrollo, soporte o mantenimiento de sus sistemas. La agencia tiene que ser un órgano moderno, a la vanguardia y que esté compitiendo de manera tecnológica con las principales empresas del país y del exterior.

C.R.: ¿Cuál es el plus que puede aportar la creación de una Agencia de servicios informáticos en el Estado?

L.P.: La creación de un organismo estatal como una agencia de estas características le da la posibilidad al Estado de generar soberanía tecnológica. Implica tomar las riendas del proceso de desarrollo e implementación de “gobierno electrónico” y TICs en la gestión pública, y liderarlo. La Agencia no solamente va a desarrollar tecnología para modernizar el Estado, transformar la gestión pública o reducir la burocracia. Sino que lo va a hacer desde el Estado, lo que te permite cuidar ese activo digital del que venimos hablando. Son trabajos que van a desarrollar trabajadores y trabajadoras argentinas donde ponen la investigación, innovación y la generación de nuevas tecnologías al servicio del desarrollo soberano del país.

Por supuesto que esto sería posible gracias a un régimen especial de contratación que permita contar con los recursos necesarios para afrontar los costos salariales que el sector realmente tiene, para que sea competitivo en el mercado. Pero esto va a acompañado de capacitación y actualización permanente, donde haya incentivos para que los trabajadores se queden. Queremos y necesitamos cuidar nuestro activo digital si queremos soberanía tecnológica.

La Agencia va a ejecutar una matriz tecnológica de hacia dónde quiere ir el Estado, y con esa matriz sabemos qué tecnología estamos usando a nivel nacional y si hay más de una por qué y en qué organismos, y nos permite una estrategia de formación de nuestros trabajadores en aquellas áreas centrales.

Además, si pensamos en una Agencia con estas características, en este esquema tienen que estar incluidas las universidades nacionales y el sector gremial de la industria, donde la Asociación Gremial de la Computación (AGC) recientemente obtuvo su personería gremial. Esta alianza es estratégica porque nos da una fuerza de desarrollo para que las nuevas incorporaciones vengan desde estos dos sectores. Con esto, le estamos dando al Estado la posibilidad de tener el conocimiento y de generar soberanía tecnológica que necesita con sustentabilidad en el tiempo.

C.R.: No es casual que estemos hablando de innovar el estado y en esta entrevista este el decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA (FIUBA), ¿cómo es esta alianza estratégica?

A.M.: El rol de las universidades nacionales y provinciales ha sido históricamente aportar al desarrollo del país. Así surgen carreras como las ingenierías, y hoy tienen que volver al centro de la escena y aportar a ese desarrollo. Estamos a 150 años del primer ingeniero recibido en Argentina y los desafíos hoy son otros, y entre esos nuevos desafíos contamos el de la soberanía tecnológica y científica. Cuando miramos las universidades, encontramos institutos y centros de investigación que nacieron con la industria nacional, para dar soporte, y como estrategia coordinada con el Estado. Eran el socio estratégico natural, y por distintas cosas ese rol se desvirtuó. Hoy tenemos que rearmarlo y volver a poner a las universidades a disposición. El Estado es el mayor inversor en materia de investigación e innovación y muchos de esos investigadores los tenemos en nuestras casas de estudio. Esta alianza busca también vincular a esos investigadores que se formaron gracias a un Estado que invirtió en ellos y ellas para la generación de ciencia aplicada.

L.P.: Este esquema de Agencia tiene la particularidad de que permite participar tanto a las universidades, el gremio informático como generar un ámbito de vinculación con las pymes nacionales. Y lo que apuntamos con esto, es que la propia Agencia pueda recurrir a ese hub de pymes para aquellos desarrollos que no pueda hacer por sí misma, pero si administrarlos con los estándares de diseño y desarrollo.

C.R.: Esa sinergia termina promoviendo una industria nacional vinculada al sector de servicios informáticos.

L.P.: Y formás capacidades especializadas en temas, entonces ya sabés, por ejemplo, a qué pymes recurrir para hacer un desarrollo en ciberseguridad.

A.M.: En esa línea, particularmente como Facultad, estamos retomando el rol de socios y de vinculación. Por eso estamos generando en FIUBA un nodo tecnológico de transformación digital al cual puedan acudir las pymes para tener un diagnóstico así como para asistencia técnica. Estamos reforzando los vínculos con el sector público sumando al vínculo existente con el sector privado. Como mencionaba Luis, porque entendemos el contexto donde estamos y las nuevas demandas que genera, y creemos que nuestra responsabilidad es estar a la altura de los desafíos de la industria para el desarrollo nacional. Hoy estar a la altura es entre otras cosas trabajar por la soberanía tecnológica y científica.