Por Eyal Weintraub y Bruno Rodríguez
Jóvenes por el Clima Argentina

13/09/2020

Una de las características elementales de la economía argentina, es la fluctuación constante del comportamiento que adopta cada gobierno frente a las políticas de endeudamiento. Independientemente de la orientación política y la impronta económica del gobierno de turno, siempre la intención primaria es generar crecimiento y desarrollo económico. Los organismos de crédito internacional operan en función de esa necesidad compartida por los países de la región. Todos sus préstamos y desembolsos se inyectan en América Latina bajo las consignas de “progreso” y “prosperidad”. Ahora bien, cuando llega el momento de honrar los compromisos con los acreedores… las papas queman.

Para pagar hay que destruir

“Los muertos no pagan las deudas” fue la frase de Nestor Kirchner que inspiró al gobierno actual en la trama de negociaciones encarada por el Ministerio de Economía de la Nación con los bonistas extranjeros, cuya contienda culminó en una adhesión del 93,55% a la propuesta de canje argentina y en una reestructuración del 99% de la deuda contraída (gracias a las cláusulas de acción colectiva) con los 3 principales grupos de acreedores. La base de la propuesta local partió de un argumento apoyado sobre cualquier análisis racional de la crisis social y económica que atraviesa nuestro país, para obtener capacidad de pago, primero hay que “desarrollarse”. Acá está nuestra encrucijada, defendemos nuestra soberanía mediante la profundización de modelos de desarrollo extractivistas, que a su vez, fueron impuestos por agentes foráneos a lo largo y ancho de la región. Nos enorgullecemos si la industria argentina eleva sus niveles de exportaciones y se llena de divisas, pero no nos damos cuenta o simplemente decidimos mirar para otro lado, cuando es nuestro patrimonio natural el costo que debemos pagar para generar ese crecimiento económico. No son simplemente las características cosméticas de la vida silvestre lo que se pone en riesgo. Los bosques, humedales y pastizales que destruimos para poder incrementar nuestra capacidad productiva y de generación de divisas, pone en jaque la estabilidad socioecológica de nuestro país. Hipotecar el futuro de las generaciones presentes y las que vendrán, no es una variable relevante en las hojas de ruta que se trazan para solucionar los asuntos financieros de Argentina.

La construcción de un proyecto de país obligatoriamente requiere pensar en un modelo productivo, y si analizamos las lógicas del modelo vigente, identificamos con facilidad, que responden a la reproducción de un principio absolutamente irracional; extraer y consumir sin límites en el marco de un planeta con recursos finitos. Cada dólar destinado al pago de la deuda, se desliga del costo ambiental que se produjo para obtenerlo. Así, los mayores acreedores financieros desconocen su calidad de deudores ambientales.

El primer aspecto de la relación entre la deuda ecológica y la deuda externa es el desconocimiento del costo ambiental que sufre nuestro pueblo para generar todas las exportaciones salientes de la explotación de nuestros bienes comunes naturales. En el balance general de nuestros ingresos nacionales, el daño ecológico, no es un factor que se vea reflejado.

Si hacemos algunos cálculos, e incorporamos al análisis, que la historia de nuestra región se resume en 5 siglos de saqueo y colonización, nos damos cuenta que las cuadrillas del excel del FMI no ilustran nada cercano a la compleja realidad que azota a la República Argentina. En el orden geopolítico, es imprescindible denotar el papel que han jugado las potencias del norte, al someter a la periferia a las economías del sur global. Nuestro país constituyó sus bases productivas en función de los intereses británicos durante las primeras oleadas migratorias, fundando un sistema económico asentado sobre el modelo agroexportador. Nunca salimos de la dependencia del sector primario, la demanda del comercio exterior siempre nos exigió ascender el nivel de exportaciones de materias primas, considerando irrelevante que para lograrlo fuera necesario depredar ambientalmente.

Actualmente la exigencia de hacer una transición a otro modelo para frenar el avance de la crisis climática y ecológica, convive con la eterna condena de los pueblos latinoamericanos al saqueo de sus recursos naturales, de manera directa o a partir de la sujeción económica. Las mismas potencias que ejercen este sometimiento a las economías periféricas, embanderan su liderazgo al frente de la lucha ambiental, mientras tienen el tupé de reclamar hasta el último centavo de la deuda externa de las naciones del sur global.

Entonces, ¿quién le debe a quién?

Los planes de reactivación económica en vistas al periodo postpandémico, contienen ciertos signos que nos permitirán evaluar si el proceso de recuperación tendrá en cuenta el complejo entramado de problemáticas ambientales que asesta golpes contundentes sobre la integridad de la población, o si la cosmovisión productivista se llevará todo por delante. Dejando una vez más al ambiente en último lugar.

Por un lado, se acerca la presentación del presupuesto para el año 2021, este es un factor fundamental dado al déficit en la designación de partidas presupuestarias, que padece una porción considerable de la legislación vigente en materia de protección ambiental.

A la par, Martin Guzman da sus primeros pasos en la negociación con el FMI, donde se juegan las condiciones de pago y los plazos de la exorbitante deuda externa que influye sobre todos los planes de gestión del gobierno. Cada dólar que se destina al pago de la deuda, es un dolar que no se invierte en la imperiosa necesidad de impulsar una transición energética, fortalecer nuestros mecanismos de preservación de glaciares, bosques, humedales, pastizales (y todas las invaluables funciones ecosistémicas que estos ambientes proveen) y desarrollar e impulsar medidas de adaptación que protejan a nuestro pueblo, y que resguarden a nuestra ruralidad y urbanidad de los devastadores efectos de la crisis climática.

Los mejores estudios científicos del IPCC (Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de Naciones Unidas ) nos remarcan la tarea de generar transformaciones estructurales sobre nuestro sistema de producción y de consumo para evitar que se perpetúen los peores efectos del calentamiento global. Sin embargo, paliar la gigantesca crisis que nos deja el coronavirus, cuidar nuestro ambiente, reducir los niveles de pobreza y pagar la deuda externa en su totalidad, constituyen un desafío de proporciones épicas.

Es indiscutiblemente necesario realizar los primeros tres puntos. Por eso es urgente pensar cómo podemos lograr todo esto en simultáneo. Los cambios de paradigma nos invitan a reflexionar sobre la posibilidad de plantear como una opción vehiculizable, el cobro de la deuda ecológica e histórica que las potencias que integran el FMI contrajeron con latinoamérica, bajo la condonación masiva de gran parte de la deuda externa que sumerge a toda nuestra región en la dependencia del extractivismo colonialista.

Llegó la hora de resignificar nuestra visión de Patria Grande, encolumnando a toda América Latina, en la lucha por el reconocimiento legítimo de la deuda ecológica.