Por Paloma Dulbecco y Micaela Gentile

02/08/2020

Puta, feminista, peronista y trabajadora sexual callejera. Así se define Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR). En medio de la pandemia, el sindicato se transformó casi en un “ministerio clandestino”, asistiendo, acompañando, solucionando y organizando las demandas del sector.

Su activismo visibiliza un debate, una realidad latente sobre el trabajo sexual. Existe, pero está condenado a la clandestinidad. Y esta condición lxs expone a la ausencia de derechos elementales. La discusión por la regulación o no está instalada en el corazón de las discusiones de los feminismos. De todo esto conversó Orellano con Revista Urbe.

¿Qué es AMMAR? ¿Cómo definís a la organización en la pre-pandemia? ¿Cómo se resignifica en este contexto crítico?

Es el sindicato que defiende los derechos humanos y laborales de las trabajadoras sexuales. Una de sus fuertes tareas militantes en la pre-pandemia era frenar todo tipo de vulneraciones, sobre todo la violencia institucional.

Ya en cuarentena asiste de manera integral a lxs trabajadorxs sexuales, desde armando bolsones de alimentos, hasta realizando jornadas de limpieza en los hoteles; desde impidiendo desalojos, hasta arreglando acuerdos económicos con propietarios para que las deudas puedan ser pagadas en cuotas; desde consiguiendo remedios y generando permisos y acompañamientos a lxs compañerxs para que no se les interrumpan los procesos terapéuticos, sobre todo los tratamientos de hormonización, hasta garantizando ollas los fines de semana para que tengan alimento todos los días; desde ayudando a aquellas compañeras en cuyos hoteles no hay internet y entonces no se podían conectar para inscribirse a trámites, hasta teniendo que articular con áreas estatales como la Dirección Nacional de Migraciones, el Inadi y el Renaper para hacer las documentaciones porque nos encontramos que muchas de nuestras compañeras -sobre todo del colectivo migrante- no tenían DNI e iban a quedar afuera de las políticas estatales que se están implementando, como IFE o Potenciar Trabajo.

Todas estas son tareas que absorbimos desde el sindicato. Terminamos casi siendo el “ministerio clandestino”, como le dicen muchas de nuestras compañeras.

En estos días se cumplieron diez años de la ley de matrimonio igualitario y desde hace un tiempo gran parte de la sociedad demuestra estar dispuesta a dejar de lado la hipocresía y tener un debate más sincero sobre la legalización del aborto, ¿creés que eso puede darse en el ámbito del trabajo sexual?

Me parece que en las discusiones sobre el trabajo sexual hay varios avances. Nosotras lo notamos sobre todo a partir de las miradas que nos traen las compañeras de las provincias sobre el respeto que van sintiendo de parte de instituciones estatales, nos cuentan cómo las llaman y reciben desde distintos ministerios, preocupados por la situación de precarización de las trabajadoras sexuales y para intentar acompañar la asistencia que están llevando adelante en este contexto que repercute en nuestras posibilidades de trabajar.

Cuando nos sentamos a discutir en los espacios estatales, partimos de que nuestros problemas son por trabajar en la clandestinidad y hay preocupación por las situaciones de violencia en los lugares donde viven las compañeras, el hacinamiento, los desalojos inminentes. Antes nos costaba muchísimo ser convocadas a la mesa de toma de decisiones o a pensar políticas públicas para el sector de las trabajadoras sexuales y todavía en algunos espacios, como los feministas, se prefiere seguir en la discusión sobre si el trabajo sexual es un trabajo o no.

Vemos como un problema que retrocesos o lo que nos impide avanzar tenga que ver en muchos casos con los propios debates feministas. Además, la forma virulenta en la que se dan genera también temor y lleva a que ningunx funcionarix quiera implementar ninguna política: ni para las trabajadoras sexuales ni para quienes se autoperciben como mujeres en situación de prostitución.

Todavía es necesario tener un debate más maduro con respecto al trabajo sexual y eso se vio con las reacciones a nuestra incorporación en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. No te reconocía derechos, sino como un sujeto dentro de la economía popular que necesita de políticas por parte del Estado. Nos reconocía como uno más entre los sujetos de la clase trabajadora que más han padecido la cuestión de la pandemia y de la cuarentena, que ha dejado en evidencia la mayor precarización de quienes no tenemos derechos. Se buscó negarnos la posibilidad de que podamos llenar una encuesta digital y contar cuáles son nuestros ingresos, cuál es la forma en la que vivimos y cuáles son los problemas que enfrentamos a la hora de ejercer un trabajo que no está reconocido en nuestro país.

Una cosa es no considerar trabajo al trabajo sexual, pero otra muy distinta es dar de baja el registro y quitarnos la posibilidad de contarle al Estado cuál es la situación actual de precarización. También por eso nos sorprendió que en la carta pública que sacamos dirigida al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, enseguida juntamos muchísimos apoyos y aún desde organizaciones sociales, políticas y estudiantiles que no tienen una postura pro-trabajo sexual pero que estaban de acuerdo con nosotras en que debíamos tener la posibilidad de participar. Estos son los límites que de conjunto vamos marcado y que ya no se pueden traspasar más.

No vemos que las políticas hacia ningún otro sujeto político estén subordinadas a que las feministas primero se pongan de acuerdo y den el okey y, recién después, el Estado implemente políticas públicas.

Resulta muy violento que nuestra situación esté atada a que dentro de los feminismos haya un acuerdo para, luego sí, tener políticas públicas porque la verdad es que así terminamos perdiendo quienes ejercemos el trabajo sexual, ya sea que nos autopercibamos como trabajadoras sexuales o como mujeres en situación de prostitución o como sobrevivientes.

¿Qué reflexión hacés sobre cierto sector del abolicionismo que se muestra queriendo tender puentes con las trabajadoras sexuales? ¿Creés en la posibilidad de lograr puntos de encuentro?

A esta altura de la historia lograr puntos de encuentro me parece casi imposible y lo digo enfáticamente por las legislaciones que tenemos en nuestro país producto de la incidencia del lobby abolicionista y que han perpetuado mucha criminalización y violencia hacia nuestras compañeras. Desde 2012 está vigente una ley de trata que ha procesado y encarcelado a muchas trabajadoras sexuales y nos ha generado mucho daño.

Me parece que sentarnos a dialogar ahora, haciendo de cuenta que esa ley nunca existió, que no hubo un lobby abolicionista que celebró los allanamientos compulsivos y violentos que se llevaron a cabo entre 2011 y 2016 inclusive, que celebró también que muchas compañeras fueran presas, implica borrar todo esto. Es tomarnos por seres infantiles que podríamos hacer de cuenta que nada de eso sucedió cuando en realidad todo eso es parte de nuestra historia y de lo que nos llevó a desarrollar desde AMMAR trabajos de articulación para intentar poner en agenda los efectos de la implementación y vigencia de las políticas anti-trata.

Articulación con el sector académico para que sean quienes realicen estudios que reflejen cuáles son las consecuencias de la criminalización sobre nuestra población. También articulación con el feminismo, porque comenzamos a militar en esos espacios para dar cuenta de que celebraban políticas que implican que la policía ingrese violentamente a los domicilios particulares de nuestras compañeras sin una orden judicial, que les roben sus pertenencias de valor y ahorros, que las procesen y encarcelen, que las compañeras del colectivo migrante sean deportadas.

Pensar que nosotras ahora vamos a estar abiertas al diálogo de la misma manera que lo estuvimos mientras impulsaban esas políticas es tomarnos por estúpidas. Nos hubiese encantado dialogar con el abolicionismo feminista mientras se trataba esa ley de trata y lo intentamos, pero nunca fue posible porque muchas de ellas se jactaban de que no iban a dialogar con “proxenetas”.

No se borra de un día para el otro toda la violencia y las acusaciones que han hecho sobre nuestro movimiento: tratándonos de “proxenetas” y al sindicato de una “red criminal”; las descalificaciones que soportamos no sólo en las redes sociales, sino también en espacios feministas como las asambleas de cara a los 8M, en los encuentros plurinacionales de mujeres. Primero necesitamos disculpas públicas por todas estas cuestiones, porque queremos que ese diálogo sea con buenas intenciones para con nuestro sector y no simplemente un lavado de cara.

Nos parece que hay un quiebre dentro del movimiento abolicionista feminista: muchas no están de acuerdo con la virulencia que tienen otras. Quieren separarse, mostrar que no todas son violentas, ni reproducen estigmas para con las trabajadoras sexuales. No queremos que nos usen para resolver sus debates y cuestiones internas. Tienen que hacerlo porque muchas no comparten la celebración de la clandestinidad, de la baja del registro, de negarnos derechos hasta como ciudadanas. Pero es algo que creemos tienen que resolver ellas entre sí.

¿Qué pensás sobre quienes plantean que el reconocimiento legal del trabajo sexual “romantiza situaciones de abuso y maltrato”?

Ese discurso invisibiliza cómo surge el movimiento de trabajadoras sexuales en nuestro país. AMMAR nace justamente como una respuesta para frenar la represión policial. Las compañeras, sobre todo las que ejercen el trabajo sexual en la calle, se empezaron a organizar para denunciar las coimas policiales, las detenciones arbitrarias, las situaciones de violencia y hostigamiento. Nosotras venimos de ahí: somos las primeras en denunciar todas las situaciones de precarización, violencia y clandestinidad que vivimos.

Jamás romantizamos el trabajo sexual ni vamos a decir que te empodera porque no es cierto. Al comenzar a ejercerlo, no conocíamos nuestros derechos ni a quién acudir y así naturalizábamos y aún muchas compañeras siguen naturalizando un montón de situaciones cotidianas de opresión, actos de violencia y arreglos económicos protagonizados por las fuerzas de seguridad. Parte de eso se da por ejercer el trabajo sexual de manera aislada y apelando a redes de ocultamiento.

Cuando llegamos al sindicato o el sindicato llegó a nosotras, empezamos a tener herramientas y a darnos cuenta de que la policía había apelado durante muchos años a nuestro desconocimiento sobre las legislaciones. Empezamos a conocer que el trabajo sexual no es un delito y que no teníamos porqué pagarles; que, en todo caso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una contravención y que la penalidad nunca son días de arresto sino horas de trabajo comunitario.

Hace unos años había un contexto mucho más hostil que ahora, no había redes sociales ni visibilidad de la agenda de los feminismos, que aportó a que pudiera emerger el sujeto político como la puta feminista o la trabajadora sexual sindicalizada. Sucede que muchas compañeras cuando se acercan a AMMAR, por las herramientas propias de un sindicato, pueden construir su identidad como trabajadoras y comienzan a conocer historias de otras cuyas familias y entornos las han aceptado. A nosotras lo que nos empodera es estar organizadas, la herramienta sindical y estar dentro de una central de trabajadores y trabajadora, y entender que la lucha es colectiva.

¿Cuáles cuestiones de la vieja normalidad te parece que no pueden ir más cuando recuperemos la cotidianidad? ¿Hay aprendizajes colectivos para hacer de este contexto?

Lo que no queremos más lo vemos cotidianamente en la militancia que llevamos adelante durante la cuarentena. Sabíamos sobre las condiciones de vida de quienes ejercemos el trabajo sexual, tratábamos de ponerlo sobre la mesa, visibilizarlo y denunciarlo. Ahora bien, la crisis habitacional y las formas en las que tenemos que vivir por no tener recibo de sueldo es totalmente precaria. De todo esto nos fuimos enterando más en este contexto, a medida que íbamos visitando a nuestras compañeras y conociendo sus problemáticas, sobre todo por no poder pagar el alquiler: “me quieren desalojar”, “no quieren cumplir el decreto presidencial”, “no tengo ningún papel que avale mi alquiler”, “ni siquiera me entregan recibo cuando yo pago”.

Nos encontramos con lugares súper precarios y hasta hoteles ya clausurados, pero que aún así siguen funcionando y cobrándoles. Con compañeras que viven dos o tres por habitación en una habitación súper pequeña, algunas durmiendo en el piso, y pagan por eso hasta 1600 pesos por día. Entonces vemos que hay un fuerte abuso no solamente desde el sector inmobiliario, sino que falta regulación estatal en el ámbito de los hoteles de familia, de pasajeros, en los inquilinatos. Y este abuso que tiene que ver con que nuestro trabajo no está reconocido.

No podemos aceptar más que haya sectores dentro de la clase trabajadora que no tengan un mínimo piso de derechos reconocidos. Los colectivos que están enmarcados dentro de la economía popular tenemos frente a la nueva sociedad o mundo que vamos a tener pospandemia la posibilidad y la oportunidad de generar una agenda común y de exigirle al Estado que deje de mirar para otro lado y atienda nuestras demandas.