Por Gonzalo Carbajal 27/12/20

«Es tiempo de empezar por los últimos…» se comprometió Alberto al asumir. Honrando aquellas palabras, en el lapso de dos semanas el Poder Ejecutivo determinó el carácter de servicios públicos esenciales en competencia a la telefonía móvil y fija, en acceso a Internet y la TV paga. Algunas medidas anunciadas tendrán efecto en el mediano plazo, pero la mayoría serán de impacto inmediato y permitirán que no se queden sin ellos quienes más difícil la tienen.

El DNU 690/2020 estableció, en plena pandemia, un nuevo derecho ciudadano para el acceso a esos servicios esenciales en la era de la comunicación: cada uno tendrá una Prestación Básica Universal (PBU) que las empresas no podrán negar a un universo de beneficiarios que comprende a quienes reciben la AUH y la Asignación por Embarazo, quienes reciben Pensiones No Contributivas con ingresos mensuales brutos inferiores a dos salarios mínimos; clubes de barrio y de pueblo; asociaciones de bomberos voluntarios y entidades de bien público, entre otros.

La tarifa social es una conquista de la sociedad para atender a los más perjudicados por la cultura empresarial de maximización de ganancias a cualquier costo. Está vigente desde las privatizaciones en servicios públicos como el agua y la energía ¿por qué no debería existir en los servicios públicos de la comunicación?

Con estas medidas los servicios de conectividad y comunicación tendrán un esquema de precios de acuerdo a distintas variables, con una importante reducción del precio final para servicios básicos. También se habilitó un aumento del 5% para las tarifas que estaban congeladas por la Pandemia desde marzo de 2020, con un índice diferencial del 8% para los operadores más pequeños, que venían sin aumentarlas de antes que los grandes. Para la telefonía móvil habrá un básico de 150 pesos con WhatsApp de texto liberado y un valor de 200 pesos por 1 Giga de datos, entre otros planes.

«Dame un poquito de amor…»

Previsiblemente, los anuncios de la semana pasada recibieron menos elogios que críticas, estas últimas se sospecha que alentadas por las empresas y ejecutadas por los históricos voceros del poder corporativo en sus conspicuos espacios mediáticos. Sus argumentos son conocidos: la falta de institucionalidad crónica del peronismo, la inseguridad jurídica, los derechos adquiridos de las empresas, el desaliento a las inversiones extranjeras, la posible caída en la calidad del servicio y la consabida retirada de las empresas. Es un clásico, cuando un gobierno intenta regular las amplias libertades que tiene el capital sus amanuenses nos meten miedo con el estatismo. Sin embargo cuando Menem o Macri desregulaban aplaudían o se llamaban a silencio, aunque el instrumento utilizado fuera el mismo: un DNU. El discurso político no juega al solitario, más parece una partida de ajedrez en la que las negras también juegan (y casi siempre las tiene el pueblo). El saber popular recomienda no confundir gordura con hinchazón, deberíamos tener presente también la diferencia entre intervencionismo y regulación, y salir a defender las medidas.

La mala noticia es que no por conocidos son menos efectivos los métodos de la derecha para desalentar el cambio. La realidad es una construcción discursiva, si no tenemos algo para decir y la información la hegemonizan quienes rechazan las medidas no esperemos resultados alentadores. Recordemos lo dicho en una nota de fines de agosto: Las empresas de celulares son tres, se reparten casi en partes iguales el mercado. Los privados que dan telefonía fija, Internet y televisión paga son unos cuantos. Unas pocas empresas grandes con muchos clientes y con situaciones casi monopólicas que se llevan la mejor parte y también pymes y muchas cooperativas extendidas a lo largo del país. Pero si consideramos a las que además de eso dan telefonía celular nos queda una sola, es el conglomerado del Grupo Clarín que a través de Telecom tiene el 42% del mercado de telefonía fija, el 34% del celular a través de Personal, el 60% de las conexiones de Internet de banda ancha con Fibertel y el 40% de los hogares con televisión paga con Cablevisión-Flow.

En el mundo empresario Papa Noel no existe, ¿es lógico esperar que las mismas empresas que se quejan de las medidas, salgan alegremente a ofrecer descuentos a decenas de miles de clientes o vayan activamente en busca de los excluidos? Resulta imprescindible que la ciudadanía conozca sus nuevos derechos para que pueda hacerlos valer y esa tarea le corresponde al Estado.

La buena noticia es que sin hacer caso a los apocalípticos titulares de algunos medios el gobierno siguió adelante y esta semana el Enacom aprobó la Resolución 1491 que continuó la reglamentación del DNU 690, restableciendo reglas de transporte de señales (must carry): los prestadores de TV por suscripción deben tener en su grilla todos los canales del Estado Nacional; también a los de los Estados Provinciales, las Universidades Nacionales y los canales abiertos del área donde se ubican sus clientes. Además, las «grillas del cable» volverán a estar ordenadas de acuerdo a géneros, cosa que evita la arbitrariedad que hacen las empresas al ubicar mejor algunos canales y «castigar» a otros con ubicaciones poco frecuentadas.

Otra de las medidas adoptadas tendrá un alto impacto favorable en los pequeños prestadores de TV paga. Se trata de la obligación de los dueños de las señales de ofrecerlas y comercializarlas por separado (must offer), impidiendo una práctica habitual y muy negativa, la venta atada. Esto implica que, por ejemplo, si un cablero pequeño quiere tener TN porque sus clientes se lo piden no está obligado a comprarlo junto con Volver, Metro o cualquier otra señal del Grupo Clarín como era habitual hasta ahora.

«Y si vas a la derecha y cambiás hacia la izquierda, adelante…»

Mejorar el acceso a la comunicación y la información fue un avance del último tramo de los gobiernos kirchneristas mediante las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) y Argentina Digital (27.078), la creación de Arsat, la puesta en marcha de la Televisión Digital, los satélites y la Red de Fibra Óptica. La base de estas medidas ya estaba ahí. No fue casualidad que antes de terminar diciembre de 2015 el gobierno de Mauricio Macri haya mutilado ambas leyes con el tristemente célebre DNU 267/2015, luego se «abrieran los cielos» a la competencia satelital y la TDA entrara en un lento declive, despidos incluidos.

El objetivo de aquellas leyes era la democratización en las comunicaciones y el acceso a Internet, y estaban bien orientadas, por eso Macri intervino ni bien asumió para volver a correr al Estado de la regulación y que los negocios de las empresas volvieran a prevalecer sobre el derecho de las personas. Cuando la pandemia obligó al aislamiento sanitario y quedó en evidencia la importancia de la conectividad para la continuidad de la educación, el acceso a la salud, la interacción entre familias y el entretenimiento, el gobierno popular volvió a invertir el sentido de la regulación para hacer accesibles servicios indispensables en el siglo XXI: información y conectividad.

El DNU 690/20 tuvo como objetivo garantizar el derecho de acceso a las TIC en cualquier plataforma. No se puede hacer eso sin afectar el statu quo, y menos pretender que los perjudicados no ejerzan su derecho al pataleo, por eso es importante sumar nuestras voces a la discusión pública y acercar la letra fría de la ley a cada casa, por todos los medios posibles. El éxito de una conquista social no llega sino hasta que ese derecho se hace carne en el pueblo, lo que necesariamente implica que lo conozca y lo haga remera. Comunicar es la tarea.