URBE

¿Cómo se nace en Argentina?

Por Ana Quiroga
27/12/20

Para cambiar el mundo primero hay que cambiar la forma de nacer (Michel Odent, obstetra francés)

El nacimiento es un evento único e irrepetible. No se nace dos veces y sólo hay una oportunidad para dar la bienvenida a la vida que empieza. Pero esta llegada no depende únicamente del amor y el deseo con que una familia espera a un hijo o una hija. La situación económica cada vez más ríspida, la precariedad del sistema de salud, las falencias de las obras sociales y las prepagas, el abuso de poder impartido por el sistema médico y una sociedad rota que no logra unir sus partes, atentan contra las posibilidades de un recibimiento amoroso y cálido.

Dar batalla contra tantos sistemas viciados y tanta rotura afectiva y social resulta agotador. En este contexto, la soledad, la violencia y la invisibilización a la que son sometidas las personas gestantes convierten el gestar y el parir en una batalla titánica del amor.

En la apertura de las sesiones legislativas del 2020, el presidente Alberto Fernández anunció que el Estado iba a acompañar tanto a las mujeres que quisieran maternar, como a las que no. El pasado noviembre fueron llevados al Congreso dos proyectos de ley: la interrupción voluntaria del embarazo y el Plan de los 1000 días, que plantea la protección del desarrollo emocional y la salud física y psíquica de las personas gestantes y sus hijos e hijas de manera integral, desde su concepción. La complementariedad de una misma idea: el Estado y, a través suyo, la ciudadanía, presente y responsable de acompañar las decisiones de sus ciudadanxs.

El proyecto de los 1000 días, que ya tiene media sanción y espera su tratamiento en el Senado, establece, entre otras medidas, una nueva y más abarcativa asignación al Cuidado de Salud Integral y hace foco en la importancia de los vínculos tempranos, la buena alimentación en la gestación y en los primeros años de vida, la prevención de la violencia infantil y de género, y la atención especial de personas gestantes menores de edad y adolescentes.

También contempla situaciones específicas como la trombofilia, un factor de riesgo silencioso para las mujeres gestantes.

La trombofilia, un trastorno que provoca una coagulación mayor de la normal, aumenta el riesgo de desarrollo de coágulos que obstruyen el adecuado flujo sanguíneo. Cuando esto ocurre en la placenta, el embrión puede quedarse sin oxígeno y morir, entre otras complicaciones graves, lo que puede suceder en cualquier trimestre de la gestación. Se estima que del 10 al 15% de la población es portadora de alguna trombofilia y se detecta mediante un análisis de sangre específico.

El proyecto de una ley para regular el diagnóstico de trombofilia está en agenda hace ya varios años y es un derecho pendiente para miles de mujeres que han perdido hijos e hijas por esta condición. En noviembre de 2016 se aprobó la ley que incluía en el programa médico obligatorio el análisis de sangre específico como práctica rutinaria de control para su detección temprana y creaba un programa nacional para la investigación, diagnóstico y tratamiento, pero Macri la vetó un mes después, a poco de asumir.

En la actualidad, el diagnóstico y el tratamiento de la trombofilia no se cubren de forma completa, ni siquiera en el ámbito privado. El tratamiento más habitual de una gestante con diagnóstico positivo es con inyecciones diarias de heparina, un anticoagulante. La caja de 10 unidades cuesta 16.000 pesos. Si consideramos un embarazo de 40 semanas, son 280 inyecciones, que equivalen a contar con 448.000 pesos para que el bebé llegue a término y pueda nacer sano. En la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, sólo el Hospital Durand y el Posadas tienen un servicio de embarazo y trombofilia. Los principales espacios de ayuda a una familia sin los recursos económicos para acceder a la medicación son grupos de Facebook como “Trombofilia y Embarazo”, que conectan a mujeres gestantes entre sí y facilitan la donación de medicación.

Los análisis para la detección de trombofilia, por otra parte, se cubren sólo después de haber transitado tres pérdidas sin razón aparente, con lo cual una mujer puede incluso jamás enterarse de la razón por la cual esos embarazos se detuvieron o su bebé murió dentro de su útero. Los estudios son costosos y las prepagas ponen muchísimas trabas para autorizarlos. La falta de un protocolo formal y avalado por el Estado y la comunidad médica hace que, además, sea muy difícil tener datos estadísticos oficiales sobre el tema.

Violencia obstétrica: una gran deuda en materia de Derechos Humanos

Llamamos violencia obstétrica a aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las personas gestantes. Esto es, no sólo violencia física y psicológica, trato deshumanizado y negligencias médicas que pueden poner en riesgo la su integridad y la del bebé nacido o por nacer, sino también el abuso de medicalización y la patologización de los procesos naturales que, en muchos casos entorpecen, interrumpen y complican un nacimiento.

La violencia obstétrica está contemplada en la ley 25.929 de Derechos de padres –que seguramente coincidamos en que debiera, como mínimo, decir madres– e hijos durante el trabajo de parto, o más conocida como Ley de parto humanizado, y constituye una vulneración grave de los Derechos Humanos. Esta ley, que fue sancionada en 2004 y reglamentada en 2005, sigue propagándose y este año se promulgó la adhesión de la provincia de Buenos Aires.

El observatorio de violencia obstétrica de la Asociación Civil Las Casildas lanzó a poco de iniciada la pandemia una encuesta, de la que los datos preliminares muestran algunos datos interesantes: 5 de cada 10 personas gestantes tuvieron a sus hijas o hijos mediante una cesárea, una operación mayor. El 47% de las cesáreas fueron programadas –el 80% de los nacimientos fueron en el ámbito privado, donde la cesárea se factura bastante más que un parto vaginal–, es decir, el sistema médico, por distintos motivos, forzó un nacimiento en un momento en el cual naturalmente no se había producido aún. Acelerar o interrumpir estos procesos que deberían ser espontáneos, sin una condición que realmente lo justifique, es una vulneración de los derechos del bebé por nacer y de la persona gestante, y puede tener consecuencias realmente graves.

Los mecanismos del parto no necesitan de intervenciones externas, salvo unas pocas excepciones. La cantidad de cesáreas que se realizan en nuestro país –60% en el sector privado y 30% en el público– habla del uso abusivo de una operación mayor, con efectos secundarios para quien gesta y el bebé, a corto o largo plazo y una recuperación que puede ser mucho más complicada. Una cesárea bien indicada le puede salvar la vida a una mamá y un bebé, pero si escarbamos un poco, la mayoría de los motivos que se les da a muchas gestantes no justifican realmente esta intervención y nos hablan, más bien, de factores económicos.

¿Qué se necesita, entonces, para un nacimiento exitoso? Cuidado del entorno y respeto de los tiempos, para que la fisiología pueda desplegarse con su máximo potencial.

Cuando el bebé nace, pasa de respirar en un medio líquido a respirar en el aire. Este nuevo medio requiere que se activen reflejos de supervivencia y adaptación, y todo esto lo hace el bebé solo, gracias al nivel hormonal en sangre, sólo dándole el tiempo para hacerlo. Una inducción o cesárea programada impide, por ejemplo, que el bebé pueda eliminar el líquido de sus pulmones, cosa que sucede gracias a la segregación de adrenalina durante el trabajo de parto. Esto se produce naturalmente, pero si se decide que el bebé debe nacer antes, nace con líquido y puede hacer taquiabneas o necesitar aspiración, una intervención sumamente invasiva para un recién nacido.

Es en el cuidado de nacimientos más suaves y respetuosos que aparecen en escena doulas y puericultoras, profesionales claves en el acompañamiento de los procesos de gestación y nacimiento. Su labor no reemplaza la de otros agentes de salud, pero lo cierto es que ningún otro actor en este campo cuenta con la formación y la mirada profesional específica ni la disponibilidad de tiempo para los temas que abarcan sus roles.

La doula, una mezcla de amiga, hermana y profesional con información actualizada, es quien cuida, desde la empatía, la contención y la escucha, que la persona gestante se sienta segura y protegida, empoderada para poder tomar decisiones conscientes y autónomas en torno al nacimiento de su hija o hijo. Su rol es amplio, diverso y moldeable, pero lo más valioso que aporta una doula es acompañamiento emocional y presencia tranquilizadora para navegar la aventura de gestar y parir.

En términos de resultados, está comprobado que la presencia de una doula en el proceso de gestación, nacimiento y puerperio mejora el vínculo entre las madres, los padres y el bebé, ayuda a establecer una lactancia exitosa para quienes así lo elijan, disminuye intervenciones innecesarias como el uso de fórceps en el momento del nacimiento, o la aplicación de peridural, oxitocina sintética y analgésicos, que pueden obstaculizar el desarrollo natural de un trabajo de parto o parto.

Tanto las doulas como las puericultoras -en su atención primaria y cuidados del recién nacido y, en particular, en lo que refiere a los aspectos relacionados a la lactancia y crianza de niños-, no cuentan todavía con un marco regulatorio para su labor profesional. Las puericultoras tienen un terreno algo más ganado, dado que ya se presentaron proyectos de ley en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad que buscan regular su ejercicio profesional, aunque aún sin novedades concretas.

Como siempre, pagan el precio las familias que no cuentan con los recursos económicos para pagar estos acompañamientos. Salvo algún caso extraordinario, como la Maternidad de Moreno Estela de Carlotto, que cuenta con un servicio ejemplar de puericultura, y el Hospital de Morón, donde existe el primer voluntariado de doulas del país, hoy el acceso a estos acompañamientos es absolutamente desigual y la informalidad laboral de quienes ejercen la actividad es preocupante.

También en el ámbito legislativo, este año se perdió una gran oportunidad en materia de derechos de las personas gestantes. El proyecto de ley para procedimientos médicos asistenciales frente a la muerte perinatal, conocido como Ley Johanna, perdió estado parlamentario. El debate sobre la violencia obstétrica, en sus distintas aristas, vuelve a quedar en el tintero.

El contexto pandémico agrava estas situaciones, nada novedosas en nuestro país: mujeres que se enteraron, llegando a sala de partos, que debían parir sin la presencia de su acompañante; personas gestantes violentadas durante el parto y la internación, sin acompañamiento médico durante la gestación, con turnos suspendidos y sin reemplazo. Solas, infantilizadas y vulneradas.

Tenemos, como sociedad, una oportunidad histórica para reparar y, de la mano de leyes y políticas públicas acordes, convertir las gestaciones, los partos y los nacimientos en actos conscientes, amorosos y respetuosos.