Urbe

Malleus maleficarum

Por María Nuñez
16 de octubre de 2022

“Es como con las brujas; yo no sé si las brujas existen o no, pero en los tiempos en que se quemaban brujas, los que las quemaban lo hacían porque creían en las brujas, el pueblo los aplaudía porque también creía en las brujas y las brujas creían que eran brujas y actuaban como brujas: también se enfermaba gente y hasta se morían porque creían en las brujas y todo pasaba porque todos creían en las brujas. Algo parecido nos pasa hoy con el sistema penal.” 

Eugenio Raúl Zaffaroni

 

Andamiajes bélicos

Es de poca discusión que en los tiempos que corren se convirtió en el eje del debate político en Argentina el plano judicial.

La política criminal como concepto existe, en términos llanos política criminal es la forma en que un Estado gestiona la conflictividad social generada por el delito, en la realidad es la respuesta del Estado ante el clásico pedido de algunos sectores que refieren querer “mano dura”.

La información que consumimos y la perspectiva con que se proponen las discusiones a la sociedad generan un efecto en el que pareciera que vivimos en un ciclo del Estado en guerra contra la delincuencia y la inseguridad. 

Quienes asisten a este espectáculo, tranquilos desde sus hogares, festejan airosos los titulares que chillan “condenado de por vida” “preso por robar, gana la seguridad”; con una sensación de poder tal y como si hubiesen sido ellos quienes redactaron la sentencia. Durante el show que les brindan los medios de comunicación, se indignan, o le vociferan a la tele como quien le grita a Messi al errar un gol, cuando el titular versa en sentido contrario y el “delincuente” no va preso. 

¿Cuál es la complejidad de este asunto? ¿Qué ganamos con que el “delincuente” vaya preso? ¿Quiénes son, generalmente, los “delincuentes”? 

Tomando como fuente los informes anuales de la procuración penitenciaria de la nación, surge qué la mayoría de los detenidos lo están por un solo motivo. Y que el hecho principal son los delitos contra la propiedad, le siguen los delitos contra las personas y por último, pero no por eso menos destacable, los famosos delitos de resistencia y/o atentados a la autoridad, sobre todo en la CABA.

Un punto a remarcar, es que los atentados a la autoridad vienen de la mano de los delitos más leves, para complejizar las penas y hacerlas más largas. 

Es incontable la cantidad de veces que de los sumarios policiales de la CABA por contravenciones (delitos de menor escala), le agregan “atentado a la autoridad” que es un delito de escala penal, aumentando aún así, el valor sancionatorio y agravando las penas.

Cuando profundizamos un poco más sobre la composición social de los detenidos observamos que sobre el total de detenidos y detenidas el 8% se encontraba en situación de calle, y que el 76% son cartoneros, changarines, vendedores ambulantes y amas de casa. 

Es la misma procuración la que define esta situación como una vulneración de las fuerzas de seguridad sobre el territorio urbano. 

No pretendo en esta nota poner en tela de juicio la verdad o no de estas cosas que discutimos diariamente, pero si ir un poco más allá. 

Tal vez continuar con la fantasía de la reforma integra del poder judicial en todas sus funciones y atribuciones, como si fuera algo dinamitable y reconstruible sobre sus cimientos, sea el camino más sencillo, sin embargo, nos enceguece respecto del el análisis de la estructura sobre la que se construyó dicho poder. 

Recordemos, como ejemplo de esta conducta social, cuando allá por 2020 -en la histórica pandemia global- el presidente dictó aquel, tan famoso como polémico, DNU que pretendía poner en arresto domiciliario a algunos detenidos con el objetivo de reducir la sobrepoblación carcelaria y evitar la propagación del COVID dentro de los penales (se dispuso la prisión domiciliaria de menos de un 2% del total de detenidos). La sentencia de este ilusorio jurado mediático y social fue el presidente liberó asesinos y violadores.

Las discusiones banales sobre este tipo de actos terminan, generalmente, en puntos opuestos contra la yuta o su némesis los chorros, en este esquema es clave destacar que ambos son polos seleccionados del sector subordinado de la sociedad, y reproduce una conducta de un punitivismo recalcitrante entre personajes antagónicos que conforman el entramado social más vulnerable. 

Si quisiéramos llevarlo al extremo, el sistema es tan funcional para un sector, que miran por la tele con saña y risa como “se matan entre ellos.”

 

Modelo de Prescindencia

Ha sido cíclico en la historia global discutir sobre qué hacer con aquellos que “sobraban” en la sociedad, los prescindibles, los que molestaban, los excluidos, casi como si estuviéramos hablando de personas descartables. 

Qué mejor entonces que hacer que libren una guerra entre ellos y que se neutralicen (- x – = +,  no?).

En este escenario entra el peso inorgánico de la comunicación social y política con un clientelismo palpable. Ocurre que la imagen bélica y legitimada socialmente del poder punitivo tiene por efecto: 

  • El antagonismo entre los subordinados, 
  • La dificultad de un acuerdo en el interior del entramado social, 
  • La distancia entre sectores sociales, 
  • El delirio paranoide basado en desconfianzas y prejuicios, 
  • Dificultar los caminos alternativos de resolución de conflicto, 
  • Desacreditar como exceso de garantismo o amigo de los delincuentes los discursos limitadores de la violencia, 
  • Desacreditar a quienes comprenden el peso del rol social de la policía argentina por “ser amigos de la yuta”, 
  • habilitar la violencia respecto de ambos sectores

Y como consecuencia, -me perdone la solemnidad quien lee- la devaluación constate de las actitudes y discursos de respeto por la vida y dignidad humana.

Sucede que todo esto es teoría, mientras leemos podemos encuadrarlo en situaciones cotidianas, tal vez una conversación, una anécdota en nuestros propios trabajos, algo que vimos en la calle, pero propongo salir del individualismo que compone a este siglo y hablar de hechos. A los hechos me remito dicen los fiscales.

Quiero decir, que las discusiones jurídico-penales que se desarrollan sobre la base de argumentos que proponen excluir el plano de la realidad social son carentes de sustento real. Algunos parecieran preferir ignorar directamente los datos de la realidad, en tanto otros pocos parecen desconcertados y en búsqueda de alguna explicación. Muchos defienden el concepto de culpabilidad fundado en la idea de hombre libre y responsable, como un dato de realidad proveniente de los planos ético y moral. Casi como que todos tuviésemos el mismo poder de decisión sobre nuestras vidas y quien vive en condiciones carcelarias inhumanas se lo merece porque “algo habrá hecho”.

Retomando la cita inicial de Zaffaroni: “Creo que la tarea, si bien es un desafío colosal, formidable, por cierto, no es imposible. Podemos hacer mucho para que todos crean un poco menos en las brujas y para que nosotros mismos hagamos lo propio.” 

La ilusoria pertenencia mediática, aplaudiendo la sentencia como la horca medieval, aspirando ser quien juzga y no el juzgado, el que excluye y no el excluido, nos lleva a retomar algunos conceptos y volver a afirmarlos. No podemos negar la conducta óntica y el carácter ontológico en los que se funda el derecho. El derecho no regula algo que ocurrió creativamente en la cabeza de un operador u operadora judicial, surge de, genera y legitima conductas humanas.

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María Nuñez

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