la política universitaria de milei es un esquema ponzi

Existen diversos delitos económicos que involucran mecanismos para obtener beneficios ilegalmente. Algunos, por ejemplo, consisten en producir productos de calidad inferior a la vendida, otros en entregar bienes prohibidos por la ley o en engañar al comprador mediante la falsa promesa de proveer un servicio en un tiempo ficticio. La peculiaridad del Esquema Ponzi, por el contrario, radica en su simpleza: implica no hacer NADA.

Un banco con un funcionamiento más eficiente podría brindar tasas de interés más altas a los ahorristas porque otorgara mejores créditos al seleccionar correctamente a los deudores solventes y los negara a los deshonestos o a los que tienen proyectos inviables. Sin embargo, el estafador Carlo Ponzi ideó un sistema que le permitía ofrecer tasas de interés altísimas y atrajo a muchos clientes mediante el ardid de tomar los depósitos y no hacer nada con ellos. Por supuesto se evitaba todos los inconvenientes, tensiones y conflictos de la gestión, pero no había ganancia genuina y ante una demanda popular por los beneficios prometidos no tuvo forma de responder y colapsó su castillo de naipes basado en el desconocimiento de sus incautos depositantes.

La política universitaria del gobierno actual está apalancada en un Esquema Ponzi del actual gobierno que planteó en su campaña electoral que bajaría los impuestos, no se endeudaría y no emitiría dinero sin ningún perjuicio en los servicios prestados por el estado como la educación pública, la salud pública, el mantenimiento de las rutas o el pago de jubilaciones.

De forma similar a la del estafador italiano, este ardid puede durar un tiempo hasta que se diluye el encantamiento del beneficio por la baja de los impuestos debido a que los servicios brindados tienen una merma en su calidad y el descontento conlleva la asunción de que no pueden proveerse productos dignos sin pagarse el costo correspondiente. Por ello, en el caso argentino, se hace evidente que las rutas se deterioran, las jubilaciones decrecen, las universidades se degradan y los hospitales como el Garrahan luchan por su subsistencia.

La Evolución del Presupuesto Universitario durante la Era Milei

A partir de la asunción del gobierno de Javier Milei en diciembre del 2023, las universidades públicas de Argentina pudieron constatar en forma palmaria que su discurso agresivo hacia el sector estatal tendría consecuencias directas.  El componente principal de los costos, el salario del personal docente y no docente, sufriría en forma ostensible, cayendo más de un tercio y convirtiendo las remuneraciones, que siempre fueron escasas, en valores indignos de $ 250 mil pesos por cargo, que generaron la renuncia de más de 10 mil trabajadores. Estos tienen un reemplazo, pero la pérdida de la formación acumulada a través de los años de los profesores y, especialmente, de investigadores que se forman a través de años y hasta décadas de trabajos en grupos especializados es irrecuperable.

Los gastos de funcionamiento de las universidades, aquellos que les permiten actuar mediante el pago de los servicios públicos como la electricidad, el agua y el gas o los insumos para la enseñanza y los laboratorios para la investigación también sufrieron un recorte enorme. Primero condicionaron el desarrollo de las universidades al punto de cuestionar su viabilidad. Luego, a partir de la masiva marcha del 23 de abril del 2024 se actualizaron las transferencias por la inflación y, a partir de ese momento, las partidas fueron elevadas un 20% con una inflación acumulada del 70%, menos de un tercio del incremento necesario para llegar al ya magro nivel inicial.

 Sin embargo, el elemento que tuvo una merma mayor en términos porcentuales no fue el salarial, sino la infraestructura y el equipamiento. En este sentido, los gastos para inversiones que permitan hacer frente al desgaste de los edificios y el equipamiento fueron prácticamente eliminados. Esto genera un deterioro creciente en los laboratorios, bibliotecas, aulas, automóviles, hospitales para humanos y veterinarios, instrumentos musicales, aparatología odontológica, conectividad y el resto del patrimonio universitario. La misma (mala) suerte han sufrido los programas de desarrollo de nuevas carreras o de fortalecimiento de la investigación, la extensión y las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza.

Este deterioro afecta a las 62 universidades públicas, pero su efecto es mucho peor para las nuevas universidades, ya que no pueden degradar una infraestructura que no poseen. Situadas en espacios geográficos periféricos de grandes carencias, estas instituciones se ven tempranamente forzadas a un crecimiento coartado por la ausencia de recursos mínimos para su crecimiento.

La situación de desfinanciamiento del sistema público universitario argentino es de extrema dificultad y, además, está agravado por el crecimiento de la matrícula. En la última década, desde el año 2015, el alumnado de las universidades públicas creció un 36% y el presupuesto, en términos reales, se redujo un 38%, con una merma resultante de más de la mitad del presupuesto por estudiante (-53%).

 ¿Y ahora qué pasa?

Como todo esquema Ponzi, la estafa gubernamental con respecto al aparato estatal en general y al sistema universitario en particular llega un momento en que no puede sostenerse y el relato se derrumba al ser contrastado con la realidad. De hecho, los ajustes al presupuesto universitario tienen antecedentes relevados en situaciones de graves crisis económicas como los de los años 1976, 1982, 1989, 2001 o 2018, cuando circunstancias extremas obligaron a limitar gastos estatales como el último golpe militar, la Guerra de las Malvinas, la hiperinflación de la transición entre Alfonsín y Menem, el colapso del fin de la convertibilidad o el ajuste vinculado al nuevo acuerdo con el FMI del final del gobierno de Macri. Pero en todos los casos los gobiernos plantearon que los cortes eran transitorios y requeridos por las circunstancias, nunca deseados, negados o, peor aún, festejados.

En caso de persistir la degradación del financiamiento universitario se perdería un elemento central de la ya golpeada cohesión de la sociedad argentina. El elemento más potente de movilidad social ascendente sería debilitado y las nuevas generaciones que no cuentan con capitales económicos, sociales y culturales, como las que no tienen antecedentes de graduados universitarios en las familias, verían reducidas sus posibilidades de desarrollo futuro ante prestaciones ruinosas.

El actual conflicto sobre la Ley de Financiamiento Universitario y su posterior veto presidencial expone a las claras las opciones posibles. Por un lado, está la alternativa de dotar de los recursos mínimos a las instituciones para su funcionamiento adecuado. Por el otro, está el camino de abortar el desarrollo de las casas de altos estudios por un mecanismo oblicuo: en lugar de cerrarlas, asfixiarlas presupuestariamente.

Los argumentos esgrimidos por el gobierno para no cumplir con la norma aprobada por el congreso son ridículos y esconden la voluntad de perjudicar una institución como la universidad que su esencia intelectual, inconformista y cuestionadora del orden vigente percibe como hostil. El principal motivo planteado, la falta de financiamiento, oculta que el gobierno ha generado múltiples iniciativas que generaban erogaciones no contempladas en el Presupuesto Nacional, algo inevitable porque no ejecutó los presupuestos correspondientes a los años 2024 y 2025, sino que prorrogó el del año 2023 que por la inflación no tiene ningún valor y permite asignaciones discrecionales. Los vouchers educativos o el plan de alfabetización son ejemplos palpables, incluso dentro del área educativa, de que cuando el gobierno tiene voluntad política ejecuta gastos no previstos en el financiamiento previo. El segundo argumento, también absurdo, indica que los aumentos no deben determinarse en una ley, algo que no tiene sentido porque la norma solo provee el financiamiento para subir las remuneraciones y ningún gremio se negaría a firmar luego una paritaria para incrementar los sueldos.

La apelación a la responsabilidad fiscal invocada por el gobierno se da de bruces con la realidad al constatarse que el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario implicaría solo menos de un tercio del costo de la rebaja del impuesto a los bienes personales, menos de la mitad de los intereses que genera al erario público el aumento las tasas de interés de los últimos meses y 25% menos que la baja de retenciones al agro, todas medidas decididas en forma unilateral por este gobierno y que tienen efectos muy regresivos al beneficiar a los sectores de mayores ingresos.

En síntesis, la baja en el presupuesto universitario golpea de lleno a un elemento concreto de beneficio de la sociedad en su conjunto y, quizás más importante, a un símbolo del estado solidario y eficiente, que llega a segmentos de bajos recursos con prestaciones de calidad, que tiene capilaridad territorial en todo el país, que desarrolla instituciones nuevas en regiones periféricas y lugares de población vulnerable y produce ejemplos remarcables como la UBA, una institución que se ubica primera en los rankings de calidad entre las universidades de América Latina pese a tener un presupuesto por alumno que resulta solo un quinto que el de su equivalente en México (la UNAM) o un décimo que el de su equivalente en Brasil (la USP).

Las estafas a través del Esquema Ponzi tienen un atractivo llamativo porque prometen beneficios extraordinarios con costos nulos. La mala noticia es que, pese a tener muchos antecedentes y ser conocido su funcionamiento, se repiten a través del tiempo. La buena noticia, esperanzadora, es que no duran mucho y la realidad las detiene. En el caso de las universidades argentinas todo indica que se aproxima el momento en que el hechizo culmina y la sociedad exige al gobierno que dote de los recursos para el funcionamiento a las instituciones que valora. Está en el esfuerzo de todos lograr que se tuerza un rumbo que promete, como todas las estafas, llevarnos al paraíso mientras nos conduce al infierno.