Por Flavia Vitale
22/11/20

Los cambios macroeconómicos que se vienen dando a nivel mundial derivaron en el surgimiento de diferentes tipos de sujetos, entre ellos nuevos sujetos de exclusión. Antes eran los locos, las prostitutas, los homosexuales, los presos, los obreros, las personas migrantes; hoy se suman los alumnos que “cayeron en la escuela pública”.

La pandemia trajo aparejada la profundización de múltiples y enquistadas desigualdades en la ciudad de Buenos Aires.

La educación —y con ella, la entera comunidad que la conforma— ha sido uno de los costados más golpeados en la ciudad durante los últimos 12 años. Pero la pandemia incrementó notoriamente la cantidad de lastimaduras e impidió la cicatrización de las heridas preexistentes.

Hasta marzo último un gran porcentaje de alumnos contaba con la escuela como único espacio donde acceder al agua potable, a un plato de comida, a vínculos con sus pares, etc. De más está decir que la función primaria de la escuela pública no es alimenticia. Por eso, antes que en la escuela pública, ¡caímos en los ’90! Esto es directa consecuencia de la falta de inversión en políticas públicas por parte del jefe de gobierno de la ciudad,Horacio Rodriguez Larreta, en favor de los más postergados. Indigna la necesidad de aclarar que si ese alumnado solo come o accede al agua potable en la escuela es porque proviene de una familia en condiciones de vulnerabilidad social, producto de la desidia del Estado que gobierna hace 12 años la ciudad.

Edificio escolar y educación

¡Cerraron las escuelas! Es lo que oímos constantemente, desde los sectores más conservadores o desclasados. Muchos piensan que se les paga el sueldo a los docentes y aun así no hay clases. Si algo aprendimos en estos doce años de neofeudalismo al estilo Juntos por el Cambio, es que el primer atentado siempre apunta a la educación pública. Y nunca erran el tiro.

Mientras trataban de desprestigiar el rol de los docentes, la comunidad educativa ya había empezado a reorganizarse para asegurarle a cada alumno el derecho social a la educación.

Se crearon blogs, plataformas, grupos de WhatsApp, padlets, cuentas de Skype y todo lo que vino después para no perder ni por 24 horas el vínculo con alumnos y familias de la comunidad escolar.

Muchísimas y muchísimos maestros se aggiornaron en materia de recursos, como pudieron, para no dejar de dar clase, aunque mas no fuese a distancia. Lo que casi ninguno esperaba era descubrir que la mitad más uno de los alumnos carecía de conectividad y de dispositivo para proseguir con su educación. Frente a esta situación, toda la comunidad educativa, con la colaboración de distintos sindicatos, solicitó a la Ministra del área, Soledad Acuña, que entregase dispositivos. También se le pidió a Horacio Rodriguez Larreta que liberase la red de wifi en los barrios populares y mas postergados de la ciudad.

Este legítimo reclamo fue utilizado por la ministra Soledad Acuña, lo utilizó para acusar a los maestros de subversivos, en lugar de dar una respuesta efectiva y evitar que miles de niños y familias quedasen a la deriva.

Cuando la propuesta de política pública escolar por parte de las autoridades no responde a las necesidades de todos los alumnos, vivan donde vivan, el fracaso escolar es su consecuencia directa; la exclusión social que sobreviene es otra cosa que se intenta cargar en la mochila de maestros y familias, a quienes se culpabiliza. Un ejemplo son los intentos de estandarización que viene haciendo esta gestión desde hace años, desconociendo la territorialidad que tiene cada comunidad y su cultura escolar. Es imposible que la escuela no se convierta en una isla si queda desvinculada de su contexto a la hora de pensar las prácticas pedagógicas.

Aún así, con todo el viento en contra y con los edificios escolares cerrados, nunca se dejó de dar clases. El compromiso y el trabajo docente para asegurar la educación de los alumnos no sólo continuó, sino que se incrementó, se multiplicó y casi sin horarios restringidos.

Los únicos que cesaron fueron los trabajadores que Larreta y Acuña, dejaron sin trabajo, al impedir la realización de los actos públicos. Atentaron contra las fuentes de trabajo y dejaron a muchos niños sin maestra, y por ende sin chances de acceder a la educación.

De este modo quedaron más a la vista y profundizadas desigualdades sociales: alumnos de barrios más vulnerables sin acceso a internet ni a equipos, familias sin trabajo. Muchos docentes fueron en persona a casa de los alumnos, a llevarles cuadernillos con actividades para que no perdieran la posibilidad de aprender… ¡y también alimentos!

Cuando el Estado no provee de herramientas para que las personas accedan al conocimiento —y por ende a la información—, se las condena a la esclavitud y al adoctrinamiento. Los gobiernos deberían asegurar la integración de todas las personas a la escuela, con todo lo que ello implica. Abrir una escuela es asegurar infraestructura, materiales pedagógicos, condiciones laborales, salud e higiene, porque así lo demanda la democracia, la que claramente no figura en la agenda de las políticas públicas de Horacio Rodriguez Larreta.

Los que viven en una burbuja

No estábamos preparados para esto. Esa fue la excusa con la cual durante ocho meses justificaron la falta de decisión política de ayudar a los más desfavorecidos y los nuevos sujetos excluidos a causa de la pandemia: nuestros alumnos.

Destratar las problemáticas actuales es una forma de violencia propia de esta guerra silenciosa que libra el capitalismo neoliberal, marco teórico del modo de gobernar de juntos por el cambio. Ramona Medina no estaba preparada para morir en el hospital Muñiz el 17 de mayo, a los 42 años, debido al Covid-19 que la infectó por falta de agua y de acceso a la higiene.

Este abismo donde los maestros recaen una y otra vez por reclamos de mejoras salariales e incumplimiento de la ley de paritaria nacional 26.075 lo profundizaron durante la pandemia. Nuestras autoridades han demostrado largamente que no están a la altura del conflicto y que más bien eligen profundizarlo hasta convertirlo en llaga social. Lo único que alivia ese dolor en esta circunstancia es la solidaridad de los trabajadores, las juventudes y los maestros, que salen a diario a poner el cuerpo y hacer lo que deberían hacer quienes nos gobiernan.

En cambio como bien escuchamos esta semana, la ministra Soledad Acuña solo apareció en los medios para descalificar a las y los trabajadores de la educación, tratandolos de fracasados, denostando su capital cultural, pidió a las familias que denuncien a las y los maestros que “eligen militar en lugar de hacer docencia”. El sindicato docente llamado Camyp plagado de afiliados al PRO recorren escuelas acercando información a docentes sobre actos públicos, cursos posibles, tienen personal docente en comisión de servicio para hacerlo pero el sueldo se los paga el gobierno de la ciudad, a través del ministerio de educación de la ministra Soledad Acuña a quien le parece gravísimo que haya militancia sindical, las paradojas son lo de ella.

Solo coincido con la ministra en una de las frases que dedicó a las y los maestros,“ lo mas grave es lo que pasa adentro del aula”. En una escuela del barrio de Belgrano se cayó el techo de una de las aulas, debido a la falta de mantenimiento e inversión en infraestructura en las escuelas públicas de la ciudad, por parte de su gobierno. Claramente el PRO convierte a las aulas en un peligro para la vida de quienes asisten a las escuelas. En algo estamos de acuerdo.

Pero la ciudad más rica del país sigue dándose el lujo de no invertir en políticas públicas que garanticen los principios fundantes de la democracia: acceso a la educación, a la vivienda digna, a la alimentación y a la salud. Quienes nos gobiernan en la ciudad bajo la conducción de Larreta, vienen demostrando la deriva en la que muchas veces se encuentran no solo los docentes sino ante todo los alumnos: la brecha siempre fue educativa y los derechos humanos no caben en una burbuja.

No era grieta. Era brecha.