URBE

Afganistán, tierra de muchos y tierra de nadie

Por Amparo Quiroga*
18/08/2021

Procurar comprender la situación social y política en Afganistán implica una tarea titánica: la de observar los hechos intentando alejarnos de nuestro paradigma y de nuestra mirada occidental sobre las cosas. Desafío que resulta especialmente difícil cuando vemos cómo se restringen y se violan los derechos de las minorías, de los sectores más humildes y, en especial, de las mujeres y las niñas. Partiendo de esta base, en las próximas líneas intentaré delinear algunas claves que nos permitan entender lo que pasa en Afganistán.

En principio hay que decir que la crisis humanitaria que se ha visibilizado en los últimos días en medios y redes sociales -y que hoy se ve claramente exacerbada- no es un fenómeno que haya comenzado tres días atrás con la llegada de los talibán a Kabul. Según cifras de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en los últimos cuarenta años la violencia y la inestabilidad política y económica de Afganistán han provocado más de 3 millones de desplazados internos y 2,7 millones de refugiados, siendo una de las situaciones de desplazamiento prolongado de mayor magnitud del mundo.

Desde la creación de un incipiente Estado en 1747 en oposición a los persas, y hasta la actualidad, los afganos han vivido en una casi constante guerra civil. Hasta el momento, no ha habido ningún gobierno que haya logrado un control efectivo sobre todo el territorio, o que haya podido construir una burocracia estatal que cruce los límites de Kabul.

La amalgama de etnias, la diversidad lingüística y un territorio rural más conservador y radicalizado desde lo religioso -frente a un mundo urbano más secularizado- siempre han sido ejes potenciales de conflicto. A esto hay que sumarle la eterna conflictividad con sus vecinos Irán y Pakistán, una economía basada especialmente en el tráfico ilegal de opio, los talibán provenientes de las madrasas pakistaníes y las continuas intervenciones extranjeras.

En toda su historia, han sido pocos los momentos de estabilidad. Las diversas etnias que a duras penas “conviven” a lo largo y ancho de su territorio -pastunes, tayikos, uzbekos, azaras, entre otras- sólo han sabido unirse a lo largo del tiempo para expulsar a un enemigo común. Cuando ese objetivo ha llegado a su fin, aquellas débiles alianzas han solido quebrarse retornando a un estado de anarquía difícil de superar. Un dato curioso pero no menor es que todas las potencias extranjeras que intentaron dominarles han sido expulsadas por los afganos: zares, persas, mongoles y turcos, todos tuvieron la misma suerte. Si de expulsar al enemigo externo se trata, un atisbo de comunidad e identidad común aflora entre tanta multiplicidad étnica.

Si revisamos su historia reciente, la mayor parte de las élites políticas han pertenecido a la etnia pastún; y los talibán no son la excepción. Sin embargo, es imposible pensar en construir un Estado afgano sin propiciar la integración o participación de las demás etnias. Podría pensarse que eso es algo que los talibán tienen presente, y por eso luego de su llegada a Kabul han declarado públicamente que propiciarán un gobierno o emirato islámico inclusivo. «Inclusivo» en clave afgana y no en lo que nosotrxs desde nuestra occidentalidad consideraríamos inclusivo, claro está.

De todas maneras, habrá que ver cuánto del discurso de los talibán ante la comunidad internacional termina concretándose. ¿Cumplirán con una transición pacífica? ¿Qué pasará con las fuerzas de seguridad de Kabul que han sido financiadas y capacitadas por la comunidad internacional durante los últimos 20 años? ¿Podrán efectivamente mujeres y niñas estudiar y trabajar? No hay que perder de vista la visión estricta y conservadora de la sharía -la ley islámica- que buscan implementar los talibán. Entre otras cosas implica que las mujeres no puedan ser atendidas por médicos hombres. Esta ecuación lleva a pensar que necesitan mujeres que eduquen y trabajen, pero con el mero fin de cumplir la sharía, no de otorgarles el ejercicio de un derecho humano. Este es un ejemplo muy soft de las cruentas y devastadoras consecuencias que tiene esta interpretación radicalizada y restrictiva de la ley islámica para millones de mujeres y niñas en territorio afgano.

Para llegar a lo que sucede hoy no se puede pasar por alto una concatenación de hechos. Primero, el golpe de Estado que derribó a la monarquía del rey Zahir Shah. Este artífice de una Constitución liberal y de un proceso de modernización, tal vez demasiado progresista u occidental para Afganistán, propició algo inusitado para este convulsionado país: casi 40 años de estabilidad. Luego, la intervención soviética durante diez largos años con la contracara de los islamistas extremos financiados por el bloque occidental para hacer frente a la «amenaza comunista». Esto trajo el consiguiente triunfo del régimen talibán que acogería en Afganistán a Bin Laden, líder de la organización terrorista Al Qaeda. Los atentados del 2001; la operación Libertad Duradera; la caída de los talibanes y 20 años de intento -poco exitoso- de reconstrucción y ampliación del Estado más allá de las fronteras de Kabul por parte de la comunidad internacional. Ahora, la retirada de las tropas de Estados Unidos -en la mejor versión Vietnam reloaded– y de la OTAN; y los talibán teniendo el control de casi todo el territorio afgano.

La nueva llegada al poder de los talibán abre incógnitas, incertidumbres y temores. ¿Cómo se vincularán las potencias regionales y los países limítrofes con el nuevo régimen? Rusia quiere tener su patio trasero en orden, y ya se ha reunido con los talibán. China busca reconstruir su antigua ruta de la seda, y Afganistán está en el camino.

Mientras tanto, miles de afganos y afganas, en especial los urbanitas, buscan huir de un régimen que ya han padecido ellos mismos o sus antepasados. Un régimen que ha aprovechado las carencias estructurales, la perpetua inestabilidad y la fragilidad estatal para hacerse del poder. Afganistán, una vez más, es tierra de muchos y tierra de nadie.

* Amparo Quiroga es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y maestranda en Estudios Internacionales por la Universidad de Barcelona.

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