Por Ana Carolina Gaillard*
06/12/20

Entiendo que el derecho al aborto es un derecho de la mujer y las personas con capacidad de gestar y todo lo que encierra el concepto de dignidad humana, el derecho a vivir una vida dignamente vivible. La “marea verde”, que en el debate sobre la interrupción legal del embarazo en el 2018, alentaba desde afuera del Congreso se constituyó como ese sujeto colectivo que dejaba de pedir piedad en el orden individual y salía a la calle a conquistar su dignidad, disputando el sentido sobre el lugar socialmente asignado a nuestros cuerpos. ¿Qué nuevas razones impulsan hoy, en el año 2020, a volver sobre el tema? Además del reconocimiento de ese derecho largamente esperado y ganado por las mujeres, me interesa hacer mención particular a la potencialidad que la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo tiene, precisamente, para evitar los abortos.

En este debate quedó cabalmente expuesta la importancia del abordaje integral en salud. Entender que no se trata sólo de despenalizar o legalizar, de educación sexual o empoderamiento de la mujer, de acompañar, informar o de brindar recursos. Se trata de que todas esas políticas, espacios y dispositivos operen articuladamente. En este sentido destaco la importancia de fortalecer desde el Estado, el trabajo territorial y en particular, de los equipos multdisciplinarios de salud, que están en esa primera línea de atención.

En esta ocasión, y escuchando los testimonio sobre la tarea y estrategias en los abordajes territoriales, entendí que la evitación de abortos, que pretenden quienes están en contra del proyecto, no es incompatible con el derecho de las mujeres. Salir de la clandestinidad, hacer de la interrupción legal del embarazo una política de salud y, en consecuencia, darle un rol al estado es el camino para evitar muertes y lo es también para evitar abortos.

Las experiencias narradas por expositoras y expositores de los equipos de salud que trabajan en los municipios y hospitales de provincias, que son la primera línea de atención en el territorio y dan la batalla de contribuir a la dignidad de la vida, a veces en soledad y a riesgo de perder su trabajo, lo confirman. En sus testimonios encontramos que con acompañamiento, con información, con recursos eficaces, con personal sensibilizado y capacitado, con Educación Sexual Integral en la escuela, en los centros de salud, en las promotoras de género, en las consultorías, evitamos abortos y evitamos muertes. Ni la amenaza de cárcel ni la criminalización son tan eficaces como una política de salud integral comunitaria.

Estos dispositivos ya existen, han desarrollado una experiencia positiva como la traída por Lucy Grimald, en el caso de Entre Ríos, la que conocimos por Soledad Bustos, en Quilmes, o la que trajo la Dra. Rossemberg de la maternidad Estela de Carlotto. Nos hablaron de equipos interdisciplinarios, cuyos miembros abordan la salud pública en clave de derechos, con perspectiva de género y comprendan la salud, no sólo como procesos fisiológicos o ausencia de enfermedad, sino como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Hablaron de la importancia de que puedan llevar a cabo su tarea libre de coerciones, conociendo con claridad los marcos regulatorios de su intervención profesional, que se saque de sus espaladas la decisión de realizar o no un aborto, “no somos jueces”, nos dijeron.

Estos equipos de salud reproductiva y no reproductiva no implementan una estrategia para que la mujer aborte o continúe un embarazo. Abordan la complejidad de las circunstancias que llevan a una persona a considerar la interrupción de un embarazo y encuentran allí una oportunidad para incidir en la no repetición, con información, con estrategias sociales combinadas con abordajes de salud mental y física, detectan situaciones de abuso o violencia, apremios económicos o circunstancias particulares y actúan en pos de ellas. Además, su intervención no se agota en la práctica o en el seguimiento de un embarazo, proveen un método anticonceptivo que prevengan embarazos no deseados, adecuados para esa persona y sus circunstancias.

Como dijo Vilma Ibarra en su exposición ante la Cámara, con los proyectos de interrupción voluntaria del embarazo y el proyecto de los “1000 días!: “queremos decirle a esas mujeres que queremos cuidarlas, que sientan que tienen el derecho a ser atendidas, a ser informadas sobre salud reproductiva, métodos anticonceptivos, y que el circulo de embarazos y abortos, es un circulo que se puede interrumpir.” Las estrategias combinadas disminuyen los abortos.

Mientras continuemos como estamos, vamos a seguir observando la disparidad, algunas mujeres que pueden acceder a una interrupción de su embarazo cuidada y acompañada aunque en condiciones de clandestinidad, y otras, que van a seguir muriendo por no tener a dónde recurrir. Pero además vamos a asistir a la reincidencia en la práctica porque no se ha abordado el problema integralmente.

Finalmente, me quiero referir el aspecto vinculado al compromiso de nuestro país con los derechos humanos y la responsabilidad internacional que esta deuda genera. La sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo es una deuda interna pero también una deuda con el sistema internacional y, en ese sentido, es irrefutable el argumento legal que aporta el marco internacional, no sólo por lo que dicen los instrumentos que el Estado argentino suscribió, sino también por lo que los órganos especializados de esos tratados recomiendan a nuestro país en materia de legislación, y esto especialmente debemos destacar, fue expresado sin ambages por el presidente del Comité de Derechos del Niño de la ONU.

Este cambio debe darse en un debate respetuoso, profundo y de verdadero diálogo, y en este sentido, hago el esfuerzo de alojar las inquietudes planteadas por quienes se oponen a descriminalizar, legalizar y acompañar. No vengo a refutar argumentos ni a cambiar sus convicciones religiosas, morales o incluso sus evidencias científicas, quiero que puedan ver hasta qué punto esas convicciones y objetivos que se proponen con la criminalización, se honran y realizan de una forma más cabal con los proyectos que estamos debatiendo.

*Diputada Nacional por Entre Ríos- FDT
Presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación