El archivo como cuerpo

Kika Aguilera vive en Buenos Aires, pero nació como Claudia en Santiago de Chile, hace 51 años. Tanto sus padres como sus abuelos eran militantes, mismo camino que tomaría ella más tarde en su vida: “Desde entonces sabía que por tener ideas distintas era muy posible que yo también fuera perseguida, eso siempre lo tuve en cuenta.” dice Kika. Su familia se enfrentó con los secuestros de su padre, su madre y su tío, quien resultó asesinado. Sus padres Javier Aguilera Morales y Teresa Farías Araya sobrevivieron para contar sus vivencias, razón por la cual Kika pensaba que su historia no era la de una familiar de desaparecidos hasta años después de exiliarse junto a su familia a Argentina, en el año 1985. Fue en su primer acercamiento con la agrupación H.I.J.O.S (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), una agrupación que lucha por los derechos de los hijos de las víctimas de la última dictadura militar. Ella creía que era un grupo del que no correspondía que ella fuera parte, hasta que un compañero le dijo que ella sí era considerada familiar de desaparecidos a pesar de que sus padres habían sobrevivido. “Como no tenía a mi papá desaparecido físicamente, él seguía vivo, pensé que no, pero se puede entrar a H.I.J.O.S, siendo hijo de exiliados, desaparecidos, sobrevivientes, así que bueno, empecé a militar.”, recordó Kika. “Fue muy difícil ser chilena, exiliada, morocha y niña en Argentina; las tenía todas”, cuenta. Entonces, llegaron los años ‘90.

Para Kika, los años 90 en Argentina fueron muy difíciles, “bastante similar a lo que está pasando ahora”, sobre todo por el clima social y el descreimiento hacia las instituciones. Mientras el país atravesaba la década del menemismo; privatizaciones masivas, desindustrialización, desempleo creciente y un discurso oficial que prometía modernización a costa de ajustes estructurales, ella vivía de cerca el impacto de una economía que define como devastada. Recuerda que, en aquel contexto, la comunicación mediática también estaba atravesada por limitaciones y existía una ley de radiodifusión donde solo los medios autorizados por el Estado podían transmitir. “Se consideraba a todo aquel que hacía otra cosa lejos de esos canales legales como clandestino”, dice Kika. Fue en ese momento donde, junto a su compañero, creó Canal 4 Utopía, un proyecto de comunicación alternativa en Caballito. “Desde ahí fuimos perseguidos”, cuenta, porque los medios comunitarios eran vistos como una amenaza a un sistema que buscaba centralizar la palabra y restringir voces disidentes. 

La militancia, para ella, venía “por todos lados”, de la historia de sus padres, de la participación en H.I.J.O.S., y de la necesidad de construir espacios que permitieran expresar lo que no encontraba lugar en los medios tradicionales. Aquellos años también estuvieron atravesados por una creciente crisis institucional. La corrupción, los indultos a los responsables de la dictadura y el desgaste político generaron la raíz del “que se vayan todos”, un sentimiento que terminaría culminando en el estallido de 2001. 

Ese clima que se vivía en las calles también atravesaba a las organizaciones sociales y de derechos humanos. Antes de diciembre de 2001, el clima social ya estaba quebrado. Desde H.I.J.O.S, Claudia recuerda asambleas grandes, de más de 90 personas, donde la sensación dominante era la misma que atravesaba al país entero: descreimiento, impotencia y una bronca acumulada durante años. El contexto político no ayudaba. A los indultos presidenciales de los 90 (perdones oficiales que dejaron en libertad a varios de los últimos responsables de la última dictadura como Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti), se sumaban nuevos intentos de reinstalar a los militares en la vida pública. Esa impunidad de “arriba”, dice ella, descendía en cadena hacia el resto de la sociedad. “Si de arriba sale semejante impunidad, en las siguientes capas también va a percibirse fuertemente, y la gente actúa de la misma manera”. 

En las asambleas de HIJOS se repetía una misma pregunta: “si no hay justicia, ¿qué hacemos?”. La respuesta, que surgió desde la propia militancia, fue crear una herramienta nueva, el escrache. Jóvenes, en su mayoría hijos e hijas de desaparecidos, comenzaron a hacer investigaciones caseras, a detectar dónde vivían los represores indultados, quiénes eran, en qué habían participado. Luego convocaban a vecinos, organizaciones amigas y compañeros de militancia, y transformaban esa información en acción en la calle: los famosos escraches.

“Éramos muy jóvenes, pero ante tanta impunidad había que dar una respuesta”, dice Kika. 

Al mismo tiempo, el país atravesaba una crisis económica creciente. Había un aumento del desempleo, caída del salario real, corralito bancario y un deterioro social que volvían cotidiana la idea de que el Estado ya no estaba. Esa ausencia era visible para Claudia en su propio trabajo. En 2001 cuidaba a adolescentes en un hogar de Flores donde muchos chicos habían sido institucionalizados; no por maltrato, sino simplemente porque sus familias no podían sostenerlos económicamente. Esa desigualdad, que ingresaba directo a la vida íntima de los chicos, era para ella una injusticia que anunciaba que algo estaba por explotar. “Cada vez que se retira el Estado vienen las ONGs. Tercerizan todo”, recuerda. 

Aquella tarde del 19 de diciembre de 2001, el clima en la calle ya venía cargado de angustia, pero todo terminó de estallar cuando el presidente Fernando de la Rúa habló por cadena nacional. Mientras en el hogar miraban el noticiero, Claudia escuchó el anuncio que nadie esperaba: el decreto de estado de sitio, una medida extrema que suspendía libertades básicas y habilitaba la represión para “restablecer el orden”. Apenas unos minutos después comenzaron a escucharse los primeros cacerolazos. La gente salió a la calle sin convocatoria previa, una multitud de personas caminaba por las avenidas golpeando ollas. Fue la forma en que el país decidió decir “basta” a la crisis económica, al corralito, al desempleo, a la pobreza creciente y al propio gobierno. 

En el hogar donde trabajaba Claudia, los adolescentes (pibes de 13 a 17 años, y algunos más chicos) miraban por las ventanas sin entender del todo qué estaba pasando. Preguntaban por qué había tanta gente en la calle y ella trataba de explicar, desde su mirada, el trasfondo de esa crisis: “la bronca no era sólo por la economía, sino por la injusticia cotidiana que ellos mismos padecían, especialmente siendo hijos de una madre que no los había maltratado sino que simplemente no podía sostenerlos por la situación del país”. 

Lo que vino después fue un quiebre. Mientras los canales mostraban imágenes sueltas y confusas, de pronto apareció algo que Kika no pudo creer: en la Plaza de Mayo la policía estaba cargando con caballos contra las Madres, golpeándolas y dispersándolas con violencia. “Listo. Ya está”, pensó ella. Fue el límite. 

Sin pensarlo demasiado, salió y se dirigió junto a una amiga al local donde militaban, cerca de la Universidad de las Madres. De a poco fueron llegando compañeros y compañeras hasta que, ya reunidos, decidieron ir hacia Plaza de Mayo. Pero apenas se acercaron, entendieron los niveles de violencia que se manejaba: corridas, gases lacrimógenos, balas de goma, gritos por todos lados. Era imposible avanzar. 

La policía los obligaba a retroceder una y otra vez, así que terminaron moviéndose por calles laterales, hasta que finalmente decidieron encarar hacia el Congreso. Llevaban una bandera y seguían intentando sumarse a la protesta, pero la represión se volvía cada vez más dura. “Ya era feroz”, dice Claudia. Aunque en ese momento no lo sabían, porque no había redes sociales ni información en tiempo real, ya había personas muertas en distintos puntos de la ciudad. 

La violencia seguía escalando y, al llegar a Rivadavia y Callao, la escena fue aún peor. Desde la vereda vieron cómo la policía detenía a una pareja en situación de calle. Ella era ciega, él la acompañaba. Apenas los oficiales notaron que el llevaba un juego de cubiertos colgando del pantalón se lo llevaron por la fuerza, a ella la dejaron tirada en el piso por un rato pero enseguida volvieron para llevársela a empujones y patadas. Frente a esa imágen, cuenta Claudia que lo único que pudieron hacer fue salir a ayudarla. Julito Talavera, uno de sus compañeros, corrió primero, ella lo siguió detrás. Fue en ese instante, mientras avanzaban entre motos policiales que disparaban hacia la gente, cuando sintió el impacto. Un balazo de goma le pegó de lleno en el ojo derecho y la tiró al piso. 

A partir de ahí, todo se volvió más feroz. Policías la levantaron del suelo, le torcieron el brazo y la arrojaron dentro de un móvil policial repleto de personas heridas. Allí estaban también la mujer ciega y su compañero. El aire era irrespirable por los gases lacrimógenos, la gente sangraba, lloraba, gritaba. Afuera se escuchaban los insultos de los agentes: “¡Maten a estos zurdos! ¡Disparen!”.

En medio de ese caos, Claudia intentó entender lo que le había ocurrido. Hoy le resulta irónico recordar que buscó que la mujer ciega le diga cómo estaba su ojo “pasan cosas también que después te hacen reír, pero en la urgencia siempre uno busca por lo menos algo que te haga sonreír. Le pregunto a la ciega cómo tenía el ojo y me dice ‘yo no veo’”. Fue su pareja, el hombre al que habían detenido primero, quien la orientó: “El ojo lo tenés hecho mierda… pero lo tenés”. 

La trasladaron a la Comisaría 6ª, en plena implementación del estado de sitio. Ahí no había asistencia médica real, los pasillos estaban llenos de sangre y los detenidos entraban por un “túnel” de policías que los recibían a golpes. “La primera persona que estaba en el túnel era una mujer, yo cuando la vi le dije ‘disculpame, me estoy descomponiendo, me siento muy mal’. Pensé que al ser mujer iba a tener algo de empatía conmigo”. Claudia, descompuesta, logró que la oficial la sacara de esa fila, pero igual terminó en un calabozo, esposada, sin atención y con el ojo cada vez peor. “Me quiso ver el legista de la policía pero lo rechacé, estábamos en un estado de sitio, no había ley y la orden de la policía era reprimir”, ella había decidido que no iba a dejar revisarse por un policía. 

Afuera, sus compañeros de H.I.J.O.S. habían visto cómo la policía se la llevaba. Con la ayuda de un diputado que se cruzaron en la calle comenzaron a presionar para saber su paradero. Cuando confirmaron que estaba en la Comisaría 6ª, iniciaron un reclamo inmediato para que recibiera atención médica. La ambulancia llegó, pero incluso allí la hostilidad continuó, la misma mujer policía la increpó todo el camino, cuestionándola por ir a la marcha. Ella, al borde del desmayo, le pidió a la médica que la hiciera callar. Recién en el hospital pudieron operarla para descomprimir el ojo y evaluar los daños. 

Siguió detenida, esposada a la cama, hasta que la Liga Argentina por los Derechos Humanos intervino y exigió su liberación. Solo entonces le sacaron las esposas. Permaneció internada varios días, y al salir se reencontró con otros heridos, familiares y organismos para organizar las causas judiciales. 

La herida le dejó una marca para siempre. Kika perdió casi por completo la visión del ojo derecho, “tengo un 90% menos de vista”, explica. La operaron varias veces y lograron reconstruirlo para que quedara “prolijo”, pero funcionalmente, no ve. Ella usa anteojos, pero el de ese lado no tiene aumento, porque ya no hay nada que corregir. A ese dolor físico se le sumó lo emocional. El atentado ocurrió el 20 de diciembre, a días de una navidad que recuerda como de las más tristes. Sin plata, sin celebraciones y con un silencio raro que era interrumpido por algunos petardos que la “ponían muy nerviosa”. Durante mucho tiempo le costó salir a la calle. No ver bien la obligaba a caminar pegada a las paredes, buscando ángulos desde los que pudiera orientarse. Volver a una marcha, dice, fue casi imposible al principio. 

Las causas judiciales avanzaron lentamente, como todo lo relacionado a esa fecha. Pasaron 24 años y el expediente todavía no está completamente cerrado, y tampoco cobraron las indemnizaciones que les corresponden por sentencia. Pero hubo algo que, para Claudia, marcó una diferencia importante, por primera vez en la historia argentina, un funcionario político fue condenado por ordenar una represión. El entonces ministro de Seguridad, Enrique Mathov, y el jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, recibieron penas de prisión, igual que varios de los autores materiales. Para ella significó un quiebre en un país donde la injusticia suele ser regla, “si vos mandás a reprimir, tenés que hacerte cargo”, dice. También cuenta que esa sentencia le da cierta tranquilidad para un futuro, la idea de que cualquier funcionario pueda ser condenado por lo que ordene. 

Después de la represión hubo un acompañamiento estatal. Claudia y otros heridos se vincularon con organizaciones de derechos humanos, y ya con la llegada de Néstor Kirchner en 2003, recibieron contención psicológica y apoyo institucional. Ella hizo terapia en el Hospital Borda gracias a un dispositivo estatal creado especialmente para las víctimas. “Hubo una respuesta política, eso es innegable”, señala. Ese acompañamiento, sin embargo, se fue desmantelando con los años. Hoy, dice, prácticamente no quedan programas, áreas ni ministerios que se ocupen de las víctimas de violencia institucional. 

Para Claudia, todavía quedan muchas deudas pendientes de aquellas luchas de los años noventa. “Hicimos todo lo que pudimos. Éramos una juventud muy rebelde y actuábamos desde abajo, tratando de mover un poco lo que estaba arriba”. Esa organización de base, sostiene, siempre fue necesaria, pero no alcanza si después otros sectores del Estado y de la política no hacen también su parte. Hoy sigue militando, aunque desde otros espacios y con la conciencia de que la participación electoral, la representación y la construcción política siguen siendo claves. 

Cuando se le pregunta por el papel de los medios, tanto en la construcción del relato sobre el 2001 como en la manera en que hoy se muestran las protestas sociales, Kika es contundente. Explica que, aunque todavía no existían las redes sociales, hubo una especie de “protomundo digital” que empezó a funcionar. Medios alternativos, colectivos de fotografía, grupos de video comunitario. Ese registro independiente fue fundamental. No sólo documentó lo que estaba pasando mientras la represión avanzaba, sino que luego se convirtió en evidencia en las causas judiciales. 

Muy distinto era el comportamiento de los grandes medios. “Los masivos, los monopólicos, siempre fueron cómplices”, dice. Recuerda una imagen casi absurda, la noche del 19 de diciembre, mientras en la calle estallaban los cacerolazos, los canales de TV abierta seguían transmitiendo dibujos animados, telenovelas o programación enlatada. Solo una cámara de Crónica TV mostraba en vivo cómo la gente se iba acercando a Plaza de Mayo. El resto parecía funcionar como si nada ocurriera. “Vos mirabas la tele y no pasaba nada. Abrías la ventana y era un caos”, resume. 

Esa desconexión, dice, no era inocente, “son empresas enormes, que cotizan en bolsa, que se enriquecen hace décadas influyendo en cómo opina la gente”. Por eso, para ella, la clave siempre fue correrse de ese relato dominante y buscar miradas alternativas. 

Cuando hacemos una comparación entre aquellos años y el presente de la Argentina bajo el mandato del presidente Javier Milei, Kika ve claras semejanzas. Para ella, no es casual que hoy muchos noten un eco del menemato. Aun así, Kika mantiene una convicción muy fuerte. En tiempos de un clima social en el que a veces parece que nadie se conmueve y la organización política escasea ante los ojos de muchos, ella asegura que siempre hay gente moviéndose. “A veces decimos ‘uy, nadie hace nada’, pero sí; siempre hay gente moviéndose y gente muy buena.

Yo soy esperanzada”, repite. Aún así, considera que vuelve a existir una naturalización de la represión y una idea de que la crueldad es aceptable, y queda en evidencia ante casos recientes como el del fotoperiodista Pablo Grillo. Considera que lo único realmente distinto es la inmediatez con la que hoy nos enteramos de todo gracias a las redes. Pero el trasfondo, asegura, es el mismo. “Es esa crueldad… que no la podés creer”, dice. 

Aun así, insiste en que no se trata de un escenario sin resistencia. “Seguimos organizándonos todos los días”, explica. Ella misma es delegada gremial y continúa moviéndose, militando y armando herramientas colectivas para defenderse. No sabe qué va a pasar, pero sí está segura de que los trabajadores necesitan derechos. “Los privilegiados no los necesitan. Nosotros sí. Somos la clase trabajadora.”, afirma. 

Cuando se le pregunta si la sociedad recibe la violencia del Estado igual que en el 2001, peor o mejor, responde sin dudar que la reacción de cierta parte de la sociedad es la misma: “gente de porquería siempre hubo”, expresa. El discurso que justifica golpizas, detenciones o violencia contra jubilados es, para ella, casi calcado del que se escuchaba hace dos décadas. Y recuerda que, cuando se hablaba de su caso, a ella también la insultaron durante años en redes, en videos, en comentarios que cuestionaban por qué estaba ahí o si “algo habría hecho”. Para Kika, ese odio se contagia desde arriba, “si arriba baja odio, abajo las bocas se llenan de odio también”. 

Su militancia, lejos de apagarse después del 20 de diciembre, se profundizó. Es una persona optimista y convencida de que los cambios solo ocurren cuando la gente se organiza. Después del 2001 empezó a trabajar en el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; y en 2007, ante la asunción de Mauricio Macri, junto a compañeras armó una comisión interna que hoy es una de las más grandes de la ciudad. “Nos costó muchísimo. Éramos todas mujeres. Empezamos de a poquito, pero había que organizarse”, cuenta. Para ella, la organización es también una forma de cuidar la salud mental, hacer lo que corresponde para después poder dormir tranquila.

Kika aún trabaja en territorio, especialmente con niñeces y adolescentes del Bajo Flores. También integra un programa de San Lorenzo que brinda actividades deportivas y acompañamiento a jóvenes de la villa. “Yo apuesto a la niñez”, dice. Para ella, la clave siempre es escuchar qué necesita el territorio, qué piden los pibes, qué está pasando en cada lugar. Está convencida de que muchas de las crisis actuales llegaron porque no se los escuchó a tiempo. 

Sobre la idea de que hoy “falta espíritu de protesta”, responde que la situación es más compleja. Hubo momentos, como durante el gobierno de Macri, en los que muchos creían que el país iba a estallar, pero no sucedió. “Mientras Chile, Colombia o Egipto explotaban, acá no pasaba nada”, recuerda. Para ella no es ni bueno ni malo, simplemente es lo que ocurre ahora. Observa que la gente sigue reuniéndose, aunque con compromisos distintos. Quienes son mayores tienen menos tiempo, por eso la organización juvenil es fundamental. “Ellos van a marcar el camino. Son los que van a decir ‘es por acá’”, asegura. 

Para ella, lo que falta es volver al encuentro cara a cara. “Somos seres sociales. Necesitamos reunirnos”, insiste. Las redes pueden servir como herramienta, pero no reemplazan la presencia física, la asamblea, la conversación directa: “tenemos que estar. Nosotros, en persona. Ahí empieza a construirse todo”. 

En medio de todo ese recorrido, de la militancia, las heridas, la reconstrucción, las luchas que se repiten, aparece algo íntimo que también habla de ella, su nombre. Durante años fue “Claudia Aguilera”, el nombre del documento, el que quedó como capa formal sobre una identidad que en realidad siempre fue otra. “Yo soy Kikita”, dice. Así le habían dicho de chica en Chile, “Kiki, Kika, Kikita”. De esa forma la llamaba toda su familia, y así la siguen llamando cada vez que vuelve. 

El exilio había dejado una sensación extraña, de desarraigo doble. Acá no terminaba de sentirse de acá; allá, tampoco de allá. Recuperar ese nombre fue, para ella, una forma de volver a entrar en su propia historia, reconciliarse con su lugar de origen, traer una parte de Chile con ella y, sobre todo, volver a llamarse como se llamaba antes de todas los golpes que recibió.

Todavía no lo cambió en el DNI, “primero quiero terminar este juicio, después veré”, dice, más por fastidio burocrático que por dudas. Pero en lo que importa, en lo que la nombra de verdad, ya hace rato dejó de ser Claudia. “Soy Kika”, afirma.