«De eso no se habla»

Beatriz Velázquez tenía 28 años y era oriunda de Hilario Ascasubi, una pequeña localidad del sur de la Provincia de Buenos Aires. Encuadrada en el partido de Villarino, Ascasubi lleva su nombre en homenaje al reconocido poeta gaucho del siglo XIX, y en sus calles todavía se respira esa quietud rural típica del interior bonaerense. El problema de seguridad más grave que enfrentó el pueblo en los últimos años fue la invasión de loros barranqueros, una especie exótica que se convirtió en plaga, y perturba con sus gritos el descanso de los poco más de 4000 habitantes del lugar.

Si bien su lugar en el mundo era Ascasubi, Beatriz trabajaba a más de 800 kilómetros, en La Matanza, uno de los distritos más poblados de Argentina, y con índices de criminalidad de entre los más altos a nivel nacional. La joven era policía de la fuerza bonaerense, específicamente de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

Cada semana, Beatriz debía recorrer toda la provincia para llegar a su puesto de trabajo. Es una práctica habitual en la policía bonaerense que a los efectivos jóvenes se los destine a lugares lejanos de sus domicilios, en muchas ocasiones a puntos calientes de las grandes ciudades. Beatriz pidió en reiteradas ocasiones poder ser trasladada a un destino más cercano de su pueblo, pero no le fue concedido. Lamentablemente, el 20 de febrero de 2023 la joven se quitó la vida, utilizando para este fin su arma reglamentaria. 

Aunque las razones detrás de un suicidio pueden ser múltiples, su caso se asemeja demasiado al del policía bonaerense Damián Fernando Cenzano, de 28 años. Cenzano era oriundo de Arrecifes, pero lo habían destinado a Arroyo Dulce, ubicado a 60 kilómetros de distancia. El joven no contaba con transporte propio, así que debía rebuscárselas para llegar a tiempo al trabajo y evitar las onerosas sanciones económicas. Después de mucho esperar, finalmente le llegó la esperada noticia del traslado, pero lamentablemente no a su ciudad, sino a otra comisaría de Salto, y con el agravante de que perdía su día de franco. 

Según denunció el padre de Damián (también policía), el joven lo llamó angustiado, el estrés laboral estaba haciendo mella en su salud y sentía ya que no podía más. “Yo no soy un super policía”, le dijo en ese último llamado telefónico. Lamentablemente a los pocos días, el 9 de septiembre de 2023, de regreso en Arrecifes, Cenzano se ahorcó en su vivienda.

Los suicidios de Velázquez y Cenzano no son casos aislados. En los 3 últimos años, se suicidaron 85 efectivos de la fuerza provincial. La cifra fría habla de un promedio de casi 30 agentes por año que deciden quitarse la vida. Para ponerla en contexto, basta destacar que durante el 2024, los efectivos bonaerenses muertos en servicio fueron 8. En otras palabras, los suicidios triplican a las muertes en hechos de violencia. 

La cuestión de los traslados es solo la punta de un iceberg de pésimas condiciones laborales, precarización e incluso falta de compañerismo dentro de la fuerza. Sobre este último punto, varios especialistas y psicólogos coinciden en señalar un fenómeno recurrente: Por múltiples razones, (que van desde la corrupción, los casos de extorsión y gatillo fácil, la represión en las manifestaciones o su rol durante la dictadura), gran parte de la sociedad argentina desconfía o directamente aborrece a la policía bonaerense. Durante años, ante este sentimiento hostil por parte de los “civiles”, desde el interior de la fuerza respondían fortaleciendo los lazos entre los efectivos y el personal jerárquico, en una especie de “nosotros unidos contra todos”, había acompañamiento y escucha ante las problemáticas que enfrentaban los efectivos. Hoy esta lógica parece no existir más o por lo menos haber quedado muy debilitada. Prima la competencia interna por ascensos o ventajas, y los reclamos de los efectivos ubicados más abajo en el escalafón muchas veces no son oídos. 

La situación es más complicada aún para las mujeres, debido al machismo estructural que todavía está vigente en la fuerza. A la escasa inclusión de mujeres en los puestos de mando, se le suman muchísimos casos de acoso, abuso sexual y una alarmante tasa de femicidios. Es importante recalcar en este punto, que uno de cada cinco femicidios en Argentina, es cometido por un miembro de las fuerzas de seguridad. En ese sentido, varios de los suicidios dentro de la policía bonaerense, son casos de efectivos que mataron(o intentaron matar) a su pareja y luego se quitaron la vida. 

Otro factor a considerar son las marcadas diferencias generacionales. Tanto psicólogos como oficiales dentro de la fuerza advierten que los efectivos con años de antigüedad afrontan la situación de manera distinta a los ingresantes. Los oficiales más viejos en las distintas fuerzas de seguridad, soportan todo sin hacerse demasiadas preguntas e incluso les cuesta entender los cuestionamientos de los efectivos más jóvenes, “ piensan que deberían estar agradecidos de tener un trabajo en vez de quejarse tanto”, apunta un psicólogo con conocimiento de causa. 

Cabe subrayar que se trata de una generación que vivió mejores tiempos económicos y que con el trabajo policial quizás llegaron a tener la casa propia y mantener a su familia con relativa estabilidad. Pertenecen además a un segmento etario criado en una época en la que la salud mental era muy estigmatizada y un tema del que prácticamente no se hablaba. 

Los oficiales más jóvenes, por el contrario, tienen mayores herramientas y sensibilidad para percibir el impacto de las malas condiciones laborales en su salud mental. Además, experimentan una paupérrima situación económica, y ven como una quimera alcanzar derechos básicos como la vivienda.

Cárceles

La situación es similar o peor en el sistema penitenciario. Históricamente, en el sistema carcelario se maneja un marcado hermetismo, por lo que prácticamente no hay estadísticas oficiales actualizadas y públicas sobre esta problemática. Sin embargo, el panorama es desolador, con el sistema de acompañamiento psicológico colapsado, y decenas de oficiales con la cabeza quemada que apelan a la carpeta psiquiátrica o directamente abandonan la fuerza. 

Un importante psicólogo de la provincia, que trabaja con agentes penitenciarios, se atrevió a correr el velo que cubre una crisis a punto de estallar. El profesional, quien prefirió resguardar su identidad, señaló que la cantidad de casos de agentes que requieren asistencia psicológica “es creciente. El servicio está sobrepasado”  

Pese a que teóricamente hay un curso de ingreso y un examen psicofísico para ingresar al servicio penitenciario, muchos efectivos ingresan por acomodo, gracias a contactos o conocidos. En algunos de estos casos, los efectivos que ingresan de esta manera ocultan adicciones o patologías psiquiátricas, que luego terminan apareciendo de la peor manera. 

Sumado a la falta de rigurosidad en la selección de agentes, el profesional explicó que las condiciones de trabajo son un contexto disparador de la depresión. “Es uno de los empleos más difíciles. Trabajan con el sector más vulnerable de la sociedad y con realidades terribles. Por un sueldo que además es bajísimo. Eso indefectiblemente te va afectando”.

A las situaciones muchas veces conflictivas que suceden con los internos, se le agrega la falta de contención dentro de una fuerza muy vertical, con muchos casos de maltrato y abuso de autoridad. “Los agentes tienen la sensación de que no los ayuda nadie. Es lo que más se escucha en las sesiones, la necesidad de que la Institución les responda y los valore”, explican desde el servicio de atención psicológica. 

Por si fuera poco, una vez que la salud mental de los agentes ya está hecha añicos, la ayuda profesional a la que puede acceder es muy limitada. Los bajos salarios que perciben son un limitante a la hora de buscar un terapeuta o psiquiátrica, y la obra social (IOMA) invierte escasos recursos en esta área. El servicio penitenciario destina solo 9 psicólogos para los más de 20 mil agentes penitenciarios que hay en la provincia, y según información interna, cuando uno de estos pocos profesionales se jubila, no es reemplazado por uno nuevo. En las unidades mientras tanto, existe algún servicio, pero se limita prácticamente a la firma de certificados. 

 “Es un caldo de cultivo, están a un paso del suicido. La idea de quitarse la vida la tienen el 80%”, señala el profesional sobre la crisis que nadie quiere ver. 

Ni juntos ni organizados

El debate acerca sobre si los efectivos de las fuerzas de seguridad son trabajadores o no, es intenso y lleva décadas. Quienes encuadran al trabajo en cualquier actividad en la que el sujeto vende su fuerza o intelecto a cambio de un salario, consideran que policías o guardias entran dentro del proletariado. Por el contrario, muchos pensadores sostienen que las fuerzas de seguridad cumplen un rol de disciplinamiento social que la aleja de los trabajadores, algo que se cristaliza sobre todo en las represiones que emprenden contra las manifestaciones de obreros o desocupados.

Es un debate amplio y no es la intención de estas líneas ahondar en él.  Mucho más concreto para entender la problemática de salud mental es analizar la cuestión de la sindicalización.

En Argentina, las fuerzas de seguridad tienen prohibido formar sindicatos. Si bien la Constitución no establece explícitamente esta prohibición, la jurisprudencia previa y algunas leyes provinciales sí se oponen a la creación de gremios tanto en el ejército, como en la policía y el servicio penitenciario.

Esta legislación suele basarse principalmente en la concepción de la seguridad pública como un servicio esencial, que no puede ser interrumpido por medidas de fuerza. Las muy escasas huelgas policiales en el país quedaron asociadas siempre al peligro potencial de los saqueos organizados, algo que en los hechos pocas veces se concretó.

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, la Corte Suprema dictaminó en el 2017, que los policías «no tienen derecho constitucional a constituir un sindicato». Esta decisión podría revertirse próximamente, ya que este mes se presentó un proyecto en la legislatura provincial para que “los efectivos de la Policía bonaerense, en todos sus subescalafones, puedan constituir asociaciones con fines gremiales para la defensa, protección y promoción de sus derechos laborales”. Cabe resaltar, que dicho proyecto aclara de manera explícita que a estas entidades igualmente les estaría vedado el uso del derecho a huelga. 

La falta de representación gremial o de un espacio donde los policías y guardias del escalafón más bajo puedan canalizar sus reclamos podría ser uno de los factores determinantes para explicar porque la moral de los efectivos está por los suelos. Por otra parte, la falta de líderes surgidos de procesos legítimos o democráticos, propició que la conducción de las últimas huelgas policiales estuvieran copadas por ex comisarios exonerados por causas de corrupción o violencia, que aprovechando los reclamos salariales buscaron llevar agua para su molino.   

La última medida de fuerza policial de proporciones importantes en la Provincia fue en el 2020, durante la pandemia de Covid. Las protestas estallaron en distintos puntos de la provincia, sobre todo en La Matanza, pero hubo incluso policías manifestándose frente a la Quinta de Olivos, residencia del presidente de la Nación. Los principales reclamos fueron aumentos y mejoras salariales, provisión de uniforme y equipo de trabajo; y el derecho a la sindicalización.

Los líderes de las protestas, sin embargo, estaban muy lejos de ser ejemplos a seguir. Sandro Adrián Amaya, por ejemplo, era uno de los referentes principales y al momento de la revuelta se encontraba exonerado de la fuerza por una causa vinculada a drogas. La oficial Paulina Pallero, otra de las voces cantantes, fue detenida por circular en un auto robado, además de tener una causa anterior por incidentes durante las elecciones. 

El gobierno provincial desactivó la protesta implementando un importante aumento salarial. Posteriormente, se abrieron expedientes en asuntos internos y se desafectó a alrededor de 1200 policías, acusados de sedición. El mismo escenario, a mucha menor escala, se repitió este verano, cuando un pequeño número de efectivos realizó un “sirenazo” en Parque Leloir, partido de Ituzaingó, exigiendo mejoras salariales. El ministerio de seguridad respondió rápido, expulsó a 18 efectivos de la fuerza y los denunció penalmente por el delito de sedición, intimidación pública e incumplimiento de sus deberes.

Silenzio stampa 

El acceso a información oficial sobre la ola de suicidios es muy restringido. Cualquier intento de obtener respuestas de los distintos organismos que conforman la policía bonaerense, choca contra un muro de desconfianza. 

Pongamos por ejemplo la Superintendencia de servicios sociales de la policía bonaerense, organismo que tiene dentro de su campo de acción la salud de los efectivos. Sus oficinas centrales están ubicadas en un edificio gris y céntrico de La Plata, a metros de la facultad de derecho de la UNLP. 

Llama la atención al ingresar, un importante altar católico, teniendo en cuenta que se trata de un edificio dependiente de un Estado supuestamente laico. Esto sin embargo, es algo común en la mayoría de las dependencias vinculadas a seguridad, como por ejemplo en la sede del ministerio provincial, que directamente cuenta con una pequeña capilla.

En las paredes, entre distinta papelería, sobresalen afiches que llaman a concientizar sobre la depresión. Entre las recomendaciones al posible efectivo deprimido, el cartel exhorta a buscar ayuda profesional, hacer ejercicio con regularidad y mantenerse en contacto con familiares y amigos. El afiche (oficial) se encarga de resaltar también que “puede ocurrirle a cualquiera” y “no es un signo de debilidad”. 

Pareciera entonces que es un tema que se está hablando. Sin embargo, a la hora de pedir información oficial o el contacto de un funcionario especializado, comienzan los problemas. La pregunta desata el nerviosismo de los oficiales encargados de la atención al público. Sin perder nunca la amabilidad, pero demostrando agitación, piden datos personales y del medio de comunicación   y desaparecen detrás de una oficina. 

Las paredes son muy delgadas, se alcanzan a escuchar las voces del oficial hablando con sus superiores, las dudas y el tipeo de la computadora. Vuelve a salir uno de los oficiales:

—¿Revista Urbe se escribe con H? – pregunta.

Con el dato corregido, vuelve a entrar a la oficina. Se reanudan las voces y el tipeo de la computadora, ahora sí parecen haber hallado resultados. Después de algunos minutos de deliberación, sale el oficial, con un número telefónico anotado y la promesa de que el contacto en cuestión responderá todas las dudas. 

Sin embargo, el funcionario es solo es un eslabón más en la burocracia kafkiana de la policía bonaerense y la conversación telefónica no aporta absolutamente ningún dato sobre la problemática.

Pese al estruendoso silenzio stampa, las autoridades parecen haberse darse cuenta de la gravedad de la situación y se implementaron algunas medidas al respecto. El año pasado, el gobierno provincial decidió Implementar el Programa de Fortalecimiento de Políticas de Salud Mental. Como ya es habitual, no hay información detallada de que incluye este programa, pero se debe reconocer que por primera vez se comenzaron a ver medidas concretas.

En septiembre del año pasado por ejemplo, se inauguró en La Plata, una moderna sede para la Subsecretaría de Promoción de la Salud Mental y el Bienestar Policial , que incluye un equipo de prevención de suicidios, gabinete psicotécnico y trabajadores sociales, que trabajan de manera integral para prevenir, pero también para responder a las demandas espontáneas en materia de salud mental. 

Más allá de las políticas públicas específicamente orientadas a los efectivos, la responsabilidad estatal debe ser mucho más amplia. Un segmento cada vez más importante de los ingresantes a las fuerzas de seguridad, está conformado por jóvenes de las clases sociales más postergadas, cuyo único horizonte potable para un trabajo en blanco y estable es la policía o el sistema penitenciario. La falta de oportunidades laborales y educativas lleva a miles de estos jóvenes a dedicar su vida a un trabajo por el cual no sienten la menor inclinación, o para el cual no están preparados.

Esto lleva a casos como el populoso barrio de Los Hornos, en La Plata.  Allí se da la paradoja de que gran parte de su población es policía, pero aun así el barrio tiene un elevadísimo índice de criminalidad. Jóvenes que se criaron juntos y jugaron al fútbol en la misma plaza, al llegar a la adultez se encuentran con un panorama muy acotado de posibilidades, siendo la policía o el crimen las dos alternativas más elegidas.

Entre el mejunje de factores analizados y un Estado que llega, pero bastante tarde, la crisis silenciosa se sigue cobrando vidas. En pleno año electoral, las posibilidades de que esta problemática sea abordada por los grandes medios de comunicación (de manera responsable) o entre en la agenda legislativa, son muy escasas. “No es tan difícil tomar medidas que ayudarían mucho”, concluye un psicólogo con conocimiento de causa, pidiéndole al Estado, que salga verdaderamente a la cancha.