Planeamiento Urbano.

Por Juan Pablo Negro

La inequidad en la distribución de los ingresos en la ciudad de Buenos Aires también se manifiesta desde una mirada espacial. No solo lo podemos verificar en términos de ingresos, sino también en función del acceso a los equipamientos de salud, educativos, servicios públicos de transporte, e incluso, a las infraestructuras básicas. Esa distribución tan desigual entre el norte y el sur de la ciudad proviene, por lo menos, desde fines del siglo XIX, cuando la ciudad incorporó a los partidos de Belgrano y Flores, convirtiéndose en la Capital Federal.

Sin embargo, durante las últimas décadas, el desarrollo inequitativo entre norte y sur se acrecentó por las políticas urbanas llevadas adelante por las diferentes administraciones. El desarrollo inmobiliario del corredor norte se aceleró en los últimos años y las acciones para incentivar el desarrollo de la zona sur (Barracas y Parque Patricios, por ejemplo) aún no lograron modificar la tendencia. Por otra parte, salvo excepciones como la Villa 31, el Playón de Chacarita y la Carbonilla, la gran mayoría de los barrios vulnerables de la ciudad se encuentran en la zona sur, a esto se les deben sumar los Conjuntos Urbano-Habitacionales con alto grado de deterioro como Soldati y Piedrabuena.

Si bien, de manera muy reciente, comenzaron a desarrollarse algunos procesos de integración socio-urbana por parte del GCBA, el nivel de fragmentación urbana y el deterioro socio-económico de la población hacen difícil la sustentabilidad de estos procesos de política habitacional en el marco de una política urbana y una política económica nacional que aceleran la exclusión. Esa disociación entre política de vivienda y política urbana consolidan la fragmentación y la segregación social al no ser planificadas de manera integrada bajo una concepción reduccionista y focalizada del problema habitacional.

Por otra parte, el reciente Código Urbanístico, prácticamente se desentiende de esta cuestión y se enfoca en el incremento del volumen edificable en toda la ciudad bajo el supuesto de homogeneizar y equilibrar la ciudad. En ese sentido el criterio homogeneizante conspira contra la diversidad barrial, uno de los aspectos más valorados de nuestra ciudad. Asimismo, la pretensión de equilibrar la ciudad mediante este nuevo código no hace más que preparar el terreno para seguir fomentando el desarrollo inmobiliario de la zona norte, generando más rentabilidad a partir del incremento de volumen edificable en las zonas ya valorizadas de la ciudad. Si bien este incremento también se da en la zona sur, el fomento para el desarrollo inmobiliario es escaso, a pesar de los incentivos presentes en las recientes Leyes de Plusvalia Urbana y de Vivienda Asequible. En relación a esto último, si bien se trata de iniciativas con tinte progresista, aún resultan insuficientes ya que el desequilibrio urbano de Buenos Aires solo puede ser revertido mediante acciones de alto impacto que garanticen el acceso a una ciudad más justa. Paradójicamente, estas leyes que tienden a regular tímidamente el mercado inmobiliario se dan en un contexto de enajenación de tierras fiscales (nacionales y de la ciudad) que limitan enormente el rol del Estado para regular y potenciar el desarrollo urbano equitativo. De esta manera, el escaso y valioso recurso estratégico de suelo urbano estatal queda prácticamente extinguido.

Por todo lo mencionado, es fundamental comprender la necesidad de implementar una planificación urbana integral que asegure la justicia espacial en términos de garantizar a los ciudadanos el derecho a una ciudad integrada, justa y equitativa. Desde Fundación URBE nos proponemos no solamente participar y fomentar este debate sino también propiciar acciones y proyectos coincidentes con esta concepción de ciudad