Pasar la cuarentena en la Calle

Con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) quedó al descubierto que el federalismo argentino está puesto en jaque por la centralidad política, social y económica de la Ciudad de Buenos Aires.

En la Ciudad de Buenos Aires el correlato inmediato del ASPO fueron las calles vacías durante las primeras semanas, solamente ocupadas por agentes de la policía y las personas que en ellas duermen. Las personas en situación de calle nunca fueron una prioridad para la gestión gubernamental en la Ciudad de Buenos Aires, con la emergencia del coronavirus se destapó esta situación y apareció la urgencia de sacarlas de la calle para evitar focos de contagio y el colapso del sistema de salud pública.

Para ejemplificar la falta de interés en este área basta con mencionar el subregistro por parte de las estadísticas del GCBA de las Personas en Situación de Calle (PSC). La ley N°3.706 define quiénes son y cómo contabilizarlas pero este criterio no es tenido en cuenta por la Dirección General de Estadísticas y Censo porteña, que para el 2019 contaba a 1.146 personas. Mientras que el segundo Censo Popular de PSC, que sigue los parámetros de la ley, contabilizaba en 2019 a unas 7.541 personas. En comparación entre el censo oficial del GCBA y el llevado a cabo por organismos de control de CABA con organizaciones de la sociedad civil, el gobierno porteño cuenta 6.395 personas menos.

Con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) quedó al descubierto que el federalismo argentino está puesto en jaque por la centralidad política, social y económica de la Ciudad de Buenos Aires.

En la Ciudad de Buenos Aires el correlato inmediato del ASPO fueron las calles vacías durante las primeras semanas, solamente ocupadas por agentes de la policía y las personas que en ellas duermen. Las personas en situación de calle nunca fueron una prioridad para la gestión gubernamental en la Ciudad de Buenos Aires, con la emergencia del coronavirus se destapó esta situación y apareció la urgencia de sacarlas de la calle para evitar focos de contagio y el colapso del sistema de salud pública.

Para ejemplificar la falta de interés en este área basta con mencionar el subregistro por parte de las estadísticas del GCBA de las Personas en Situación de Calle (PSC). La ley N°3.706 define quiénes son y cómo contabilizarlas pero este criterio no es tenido en cuenta por la Dirección General de Estadísticas y Censo porteña, que para el 2019 contaba a 1.146 personas. Mientras que el segundo Censo Popular de PSC, que sigue los parámetros de la ley, contabilizaba en 2019 a unas 7.541 personas. En comparación entre el censo oficial del GCBA y el llevado a cabo por organismos de control de CABA con organizaciones de la sociedad civil, el gobierno porteño cuenta 6.395 personas menos.

Con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) quedó al descubierto que el federalismo argentino está puesto en jaque por la centralidad política, social y económica de la Ciudad de Buenos Aires.

En la Ciudad de Buenos Aires el correlato inmediato del ASPO fueron las calles vacías durante las primeras semanas, solamente ocupadas por agentes de la policía y las personas que en ellas duermen. Las personas en situación de calle nunca fueron una prioridad para la gestión gubernamental en la Ciudad de Buenos Aires, con la emergencia del coronavirus se destapó esta situación y apareció la urgencia de sacarlas de la calle para evitar focos de contagio y el colapso del sistema de salud pública.

Para ejemplificar la falta de interés en este área basta con mencionar el subregistro por parte de las estadísticas del GCBA de las Personas en Situación de Calle (PSC). La ley N°3.706 define quiénes son y cómo contabilizarlas pero este criterio no es tenido en cuenta por la Dirección General de Estadísticas y Censo porteña, que para el 2019 contaba a 1.146 personas. Mientras que el segundo Censo Popular de PSC, que sigue los parámetros de la ley, contabilizaba en 2019 a unas 7.541 personas. En comparación entre el censo oficial del GCBA y el llevado a cabo por organismos de control de CABA con organizaciones de la sociedad civil, el gobierno porteño cuenta 6.395 personas menos.

COVID-19, dormir en la calle y medidas de emergencia

La necesidad de sacar de la calle a quienes duermen en ellas se hizo prioritaria en un contexto en el que el Ministerio de Salud porteño estima que el pico de contagios diarios a mediados de mayo será de entre 2 y 3 mil pacientes leves, 300 en internación general y 200 en terapia intensiva. Entre las medidas de contención por COVID-19 que desplegó el GCBA para esta población estuvieron el acondicionamiento y apertura de tres polideportivos municipales y la habilitación de los espacios que son usados para los operativos especiales “invierno” y “verano”, llevando a ocho el número de paradores de emergencia que se habilitaron y sumando 886 nuevas camas. En total, el gobierno de la ciudad tiene 2.985 plazas para una población de 7.541 personas. La apertura de estos paradores improvisados evidencia nuevamente lo grosero del subregistro de esta población.

Si hacemos una disección de las plazas ofrecidas, podremos ver que el GCBA solo cuenta con siete paradores propios que en total tienen lugar para 711 personas. Del resto, hay 24 hogares con capacidad para 1.388 personas en total, son conveniados mayormente con asociaciones civiles o entidades religiosas. Un dato no menor es que algunos de estos hogares se encuentran en la Provincia de Buenos Aires.

Esta población se caracteriza por ser sumamente heterogénea, si se nos permite la discreción metodológica podemos dividirla en dos grandes grupos: gente que está en la calle desde siempre o hace bastante y gente que está en la calle de manera transitoria o por primera vez. En el primer grupo hay personas con consumo problemático, con afecciones psicológicas y/o pobreza estructural. En el segundo grupo, hay mujeres víctimas de violencia de género, personas trans y gente que perdió el trabajo recientemente y, con él, la posibilidad de seguir alquilando. Basta decir que en 2019 el 52% de esas 7.541 personas, estaba en la calle por primera vez en su vida.

Algunas conclusiones

El problema de las personas en situación de calle es complejo y no existen soluciones mágicas ni sencillas, quien diga lo contrario está mintiendo. Esto no inhibe que la gestión de la política social puede ser efectuada diferente de como lo ha venido haciendo la coalición que gobierna la Ciudad de Buenos Aires desde el 2007, y la emergencia generada por el COVID-19 es una oportunidad para trabajar por una solución.

En primer lugar es un problema interseccional que va más allá del mero problema de vivienda. Se requiere de políticas integrales que abarquen seguridad alimentaria, acceso a la salud y educación e integración al mercado laboral.

En segundo término, es un problema metropolitano. Pensar la ciudad escindida de quienes trabajan, estudian o acuden a ella por el motivo que sea es pensarla incompleta. En lo referido a la gente en situación de calle existe un porcentaje que aunque es menor, tiene su vivienda en la provincia pero trabaja, pide limosna o “hace changas” en la ciudad, y el transporte implica un costo significativo.

Esto nos lleva a la tercera cuestión, si el problema es metropolitano, entonces la solución tiene que ser necesariamente interjurisdiccional. Los andamiajes que tienen que dar respuesta institucional, tienen que acordarse y coordinarse entre la Ciudad, la Provincia de Buenos Aires y los municipios. Y acá hay una trampa, la tentación nos lleva a pensar en articular con los municipios colindantes, pero esta debe ser una política que incluya a aquellos con los que no necesariamente se comparte límite geográfico.

Por último, es esencial tomar en cuenta las opiniones de las personas y sus actividades económicas de supervivencia, sino cualquier política pública que se plantee fracasará, al igual que ocurre con los procesos de relocalización de poblaciones.