La educación como ámbito de construcción de justicia social

Los últimos 14 años evidencian un profundo deterioro en términos de políticas públicas vinculadas al derecho social a la educación en la ciudad de Buenos Aires. Ante el creciente interés público y presencia en la agenda mediática de la educación restringida a la dimensión de la presencialidad, desde la Fundación Urbe nos pareció relevante convocar a una serie de especialistas para abordar una agenda alternativa, que incluye esta variable pero identifica tantas otras con igual e incluso mayor relevancia. Sin la pretensión de que el temario se agote en este esfuerzo, busca aportar a prestigiar la educación en términos de prioridad para la sociedad.

Siendo que el decir de los propios educadores es progresivamente “desplazada por el discurso de la teoría de la administración empresarial, que es el que se ha apoderado de los medios de comunicación. Aquel que busca ocupar el hegemónico de la escuela, el colegio, los institutos y las universidades, como educador del sentido común”_[2], nos sentimos comprometidos a convocar especialistas destacados, con preferencia con aquellos que se han dedicado a construir desde el plano de la reflexión pero que a su vez cuentan con experiencia y cotidianeidad al frente de espacios áulicos. En esto, nos guía la convicción de que el rol docente y la raigambre del especialista en la comunidad educativa constituyen aportes irremplazables para la elaboración del expertise técnico en este tema.

Si bien muchas de las problematizaciones y de los conflictos que hoy atraviesan el ámbito educativo constituyen procesos de larga data, la pandemia ha profundizado las brechas en cuanto a garantías de derechos educativos para todas y todos. En este registro, podemos consignar que en la ciudad de Buenos Aires la participación del componente educativo en el presupuesto educativo es la más baja en los últimos 10 años. Como ejemplo, las cooperadoras escolares vieron recortados sus créditos del Fondo Único Descentralizado de Escuelas un 14% en 2019 y un 17% en 2021; por lo que las familias de la comunidad son quienes, con dinero de su bolsillo, terminan cubriendo las necesidades emergentes de las instituciones. El desmantelamiento del Plan Sarmiento generó el caldo de cultivo para la grave incidencia que la brecha digital tuvo en la profundización de las desigualdades de acceso a la educación en el contexto de circulación restringida por la crisis sanitaria. Hay que recordar que la pandemia encontró a la escuela nuevamente respondiendo a los juegos del hambre que propuso la reedición del modelo neoliberal de los ´90 en el período 2015-2019: ante la vulnerable situación económica en la que quedaron muchas familias, las escuelas han vuelto a cumplir como función primaria asegurar el plato de comida a su comunidad.

En este contexto, la respuesta del Ministerio de Educación de la Ciudad pasa por el terreno comunicacional y de la retórica, sin sensibilidad alguna por las condiciones de trabajo y de salud laboral de las y los trabajadores de la educación. El carácter de relato de la inclinación de esta gestión por la digitalización se evidencia en un contínuo que va de la ausencia de entrega de computadoras -la coalición de gobierno se negó a debatir en la Legislatura un proyecto para garantizar una presencialidad segura-, pasa por las serias fallas de conectividad que evidencian un grueso de las instituciones educativas en la Ciudad, y se hace evidente ante la falta de instancias de virtualización concretas de diferentes componentes de la oferta educativa vigente, cuando las condiciones para su digitalización están dadas hace largos años. Este es un componente más de una conflictiva relación entre la coalición gobernante y el entramado de actores que hacen a lo educativo, historia que tiene como componente destacado el truncado proyecto de disfrazar como un impulso a la formación universitaria de docentes el desmantelamiento de los veintinueve profesorados de la Ciudad con el pomposo proyecto de la UNICABA.

Las notas que ponemos en circulación semanalmente durante este mes tienen la pretensión de echar luz sobre el entramado de relaciones sociales, económicas y políticas que conforman el sistema educativo público y atender a la necesidad de hacer visible la escuela como institución educativa promotora que, desde su dimensión pedagógica, lleva a cabo la tarea de la socialización y la construcción de sentidos.

La escuela entendida como territorio no puede funcionar como una isla, sino que debe ser entendida en su contexto social, cultural y económico, para dar efectivas respuestas con políticas pensadas de manera integral y sin perder de vista las singularidades de cada institución. Urge que aparezca en la arena política de la ciudad de Buenos Aires un nuevo modelo de políticas educativas y con perspectiva de Derechos Humanos, que acabe con el modelo de ciudad de privilegios para pocos y dé paso a uno donde la igualdad y la inclusión educativa no sean parte de una utopía, sino una política de Estado.

1. Prof. para Nivel Inicial y Licenciada en Psicología especializada en educación. 2. Adriana Puiggrós, Adiós, Sarmiento. Educación pública, iglesia y mercado. Buenos Aires, Colihue, 2017.