Educar desde la cuna. Miradas largas para un desafío urgente

La pandemia nos mostró la importancia de las rutinas en torno al trabajo y la escuela como ordenadoras de la vida cotidiana. En los hogares en los que viven niñas y niños pequeños, el encierro y los cuidados alternados con el trabajo remoto y la falta de ayuda para atender las demandas de les pequeños mostró la complejidad de la crianza y consolidó demandas históricas al Estado para que provea de vacantes en instituciones que les cobijen parte del día cuando sea necesario. Así, una vez más la educación inicial fue puesta en el centro de la escena política desbordando los problemas de los jardines «maternales» privados para ubicar el tema en la agenda mediática y ser el nivel inicial el primero en abrir las puertas en el regreso a las aulas del 2021.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las familias y sobre todo las pequeñas pymes educativas lideraron demandas y un tema de profundo sesgo moral e ideológico se disfrazó de problema comercial, aliviando culpas privadas y colectivas. Sin embargo, no todo resulta tan sencillo.

La educación inicial en la CABA sufre desde hace más de una década una de las peores crisis de su historia. El crecimiento desigual del nivel nacional, encontraba en la CABA un faro que orientaba tanto su expansión como el tipo de propuestas a poner en marcha. A pesar de los discursos liberales y conservadores el crecimiento de los jardines de infantes, jardines «maternales» y escuelas infantiles -todas instituciones de educación inicial con distinto tipo de organización de horarios y distribución de salas- crecía en la Ciudad de manera constante desde el regreso a la democracia. Sin embargo, las políticas implementadas por los gobiernos conducidos por la coalición que actualmente se identifica como “Juntos por el cambio” han logrado cambiar esta tendencia. Han dejado de abrir salas desde los 45 días hasta los 3 años, para empezar a tercerizar la oferta en espacios ordenados alrededor de la crianza, mas no de la tarea pedagógica. En un giro acorde con las políticas impulsadas por Organizaciones Transnacionales que impulsan la oferta combinada entre el Estado y los privados, de la mano del discurso basado en las bondades de las misiones y funciones del “tercer sector” y «nuevos modelos” de organización social, se niega la vasta experiencia de las trabajadoras de la educación de la Ciudad. Así, se plantean escenarios de atención a las políticas de cuidado en clave de derechos hacia las mujeres, al mismo tiempo que, por un lado, se las ignora; y, por el otro, se vulneran sus derechos.

La intervención del Estado en la construcción de formas de vida en los primeros años fue tema de disputa en nuestro país desde los debates inaugurales en las disputas por la organización del sistema educativo a mediados del siglo XIX. En aquel momento, la educación infantil era un privilegio para les hijes de las clases altas y, por lo tanto, al igual que les adultes, la educación a les niñes fue relegada a las ciudades económicamente pujantes. Hoy, la idea de recibir educación desde los primeros años está generalizada y son las familias de los sectores más vulnerables quienes más demandan la ayuda del Estado para criar hijes. Sin embargo, en la CABA, el proceso de crecimiento de servicios educativos en los primeros 1000 días de vida se ha detenido para pasar a articularse con otro tipo de oferta sin supervisión pedagógica estructurada. Ante una grave falta de vacantes, la cartera educativa porteña, no solo no crea secciones sino que ¡cierra las instalaciones de una de las primeras escuelas infantiles del país en uno de los Hospitales más importantes! Curiosamente, para la Asesoría Tutelar de la CABA junto a un sistema judicial irresponsable, “el problema” se resuelve si se otorga «la» vacante. El punto de discusión, para nosotros, es dónde. Para la Justicia el problema es la atención del niñx, o, dicho de otro modo, la guarda o cuidado por el tiempo que la familia lo necesite.

El problema de la CABA no son los Centros de Primera Infancia en sí mismos. El tema es mucho más complejo. Por un lado, se encuentran las necesidades familiares, sobre todo de las mujeres, de ayuda en la atención de sus hijes, como ya dijimos. Por el otro, el descuido a las educadoras, prácticamente todas mujeres, y muchas de ellas tituladas, que trabajan en condiciones de precariedad y vulneración de derechos laborales. El panorama que presenta la pandemia deja en evidencia que lejos de importar les niñes y sus derechos, el asunto es resolver qué «guardería de lujo» cuida les hijes. Falta recordar que el derecho a la educación -desde los 45 días, desde la cuna- está legislado en esta Ciudad en su Constitución. Por ello, que la jurisdicción que supo ser faro para las políticas de educación inicial en América Latina atraviese este presente, evidencia que estamos ante una de sus crisis más profundas.

Estamos ante el inicio de un nuevo tiempo, en el que se intentará desplazar a la familia de su tarea de mediación con el mundo social para llegar a los que nacen de manera directa por medio de plataformas digitales en las que la construcción de subjetividades se rijan por los indicadores del mercado y las neurociencias. Palabras vacías que se miden en indicadores de «buenas prácticas» que alejan los fantasmas del adoctrinamiento y los peligrosos hogares. Una nueva era, donde no se va enseñar a pensar, sino a repetir, donde hay que decir y «megustear», antes que escuchar, un nuevo tiempo en el que los minutos cuentan para llevar al rebaño en la dirección correcta. Para esta operación, hay que liberarse de les docentes de la escuela pública, hay que garantizar que sean los privados quienes la realizan guiados por el GPS de los algoritmos. Por eso sostenemos -con énfasis- los principios de universalidad, gratuidad, inclusión, igualdad y prohibición de discriminación y segregación de cualquier tipo como parte del paradigma de la Educación Pública desde la cuna.

1. Maestra jardinera y Dra. en Educación. Docente e investigadora de la FaHCE/UNLP.