Desalojos en las villas de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la crisis sanitaria: otra dimensión atravesada por la desigualdad de género

La pandemia ha demostrado las grandes brechas de desigualdad que ostenta la Argentina. La brecha digital se ha puesto de manifiesto de una manera más violenta que nunca, por la aceleración de la digitalización de la vida, y el déficit habitacional volvió aún más difíciles las condiciones de los sectores populares.

Más allá de la disponibilidad presupuestaria, que pone a la Ciudad de Buenos Aires como un distrito privilegiado en el contexto nacional -ya sea por su ingreso promedio o por diversas características de su espacio- comparte con la unidad territorial nacional la presencia de desigualdades extremas en su interior.

Analizaremos la situación social, cómo la pandemia está impactando a los ciudadanos y las políticas que buscaron aplacar esto, con énfasis respecto a los desalojos en villas, desde la perspectiva del desarrollo humano, concepto que implica una tendencia a la ampliación de oportunidades para las personas.

El derecho a la vivienda se encuentra consagrado en la Constitución Nacional, en la de la Ciudad, y en diversas declaraciones y pactos a las que estas les dan jerarquía. Asimismo, un informe del Relator Especial de ACNUDH sobre vivienda adecuada (A/HRC/4/18) reconoce que cuando los desahucios son inevitables el Estado tiene la obligación de encontrar otras soluciones habitacionales apropiadas._[2]

Escenario pre-pandémico_[3]

Antes de la pandemia, la tasa de pobreza en barrios informales del AMBA era siete veces más alta respecto de los barrios formales, la incidencia de inseguridad alimentaria más que quintuplicada y la prevalencia del empleo informal, del 80%, muy superior.

Un 9% de los hogares porteños evidenciaba situaciones de hacinamiento (con 2 o más personas viviendo por cuarto). En las comunas de menor ingreso, donde se ubican la mayor cantidad de villas y asentamientos, el porcentaje de hogares hacinados superaba el 20%.

Los datos también marcan la existencia de un proceso de inquilinización de la población, pasando las personas que eran propietarias de un 64 a un 52% entre 2003 y 2017. Sectores medios que tradicionalmente alquilaban en el mercado formal se han visto forzados a migrar al mercado informal, agudizando la precarización de condiciones. Complementariamente, los desalojos en CABA se intensificaron y pasaron a constituir una tragedia socioeconómica cotidiana: en el período 2014-2019 se iniciaron alrededor de ocho juicios por semana, sin incluir los desalojos informales._[4]

En las villas, ante la falta de tenencia formal de tierras y propiedades, el mercado de alquileres se desarrolla sin amparo de la ley, ni instrumentos públicos que hagan a su protección. Allí los costos suelen ser más elevados considerando las condiciones de hacinamiento, cohabitación, mala calidad de la vivienda y la inaccesibilidad a infraestructura básica._[5] Esta problemática atraviesa singularmente a las mujeres, en tanto -según un estudio conducido en seis villas de la ciudad- una mayoría de las jefes de hogar son mujeres (67,1%) de la franja joven (42% entre 20 y 30 años) y que el 81% residía en piezas y el 75% compartían habitación con entre 1 y 4 personas._[6]

Este panorama, fruto de políticas de ajuste macroeconómico y de crecimiento urbano-demográfico sin planificación, presenta bajo empoderamiento de estos actores y es, en consecuencia, expresión de un nivel de desarrollo humano degradado.

Pandemia

Si bien las estrategias tempranas implementadas en los barrios informales fueron efectivas para contener y disminuir el crecimiento de las curvas de contagio, en contextos de alta vulnerabilidad social, la infraestructura del hogar no es suficiente como para brindar protección a las familias frente a la pandemia._[7] El panorama descripto en la anterior sección se vio impactado en poblaciones previamente vulneradas, en las que las modalidades de la economía de subsistencia, el hacinamiento, la imposibilidad de movilizarse sin usar transporte público, la ausencia de servicios como cloacas y agua potables, entre muchas otras realidades cotidianas, imposibilitaron la aplicación plena de los protocolos y la política de cuidados recomendada.

La población que habita las villas como inquilina fue una de las más afectadas, con una tendencia clara a acumular deudas de alquiler, y aumentando el consiguiente riesgo de ser desalojados.  Dentro del universo de los hogares inquilinos que recibían el Ingreso Familiar de Emergencia, el 40% declaró haber destinado ese dinero al pago del alquiler._[8] Pese a la vigencia de los decretos presidenciales orientados a evitar desalojos, estos continuaron sucediendo en los barrios populares por diversas razones: la naturaleza informal de los contratos; el deterioro de la situación económica; la no aplicabilidad del decreto en situaciones en las que ambas partes se encuentran en posiciones de vulnerabilidad económica; la omisión de mecanismos específicos a cargo de la supervisión de los Decretos; y la falta de adaptación de políticas públicas._[9]

A partir de la presión de diversas instituciones, el Gobierno de la Ciudad implementó un protocolo específico con diferentes ejes de actuación como seguridad alimentaria, agua, líquidos cloacales y pluviales, violencia de género, espacio público e higiene urbana, condiciones de aislamiento para mayores y desalojos, entre otros. _[10]

Esto se da en un contexto de desinversión progresiva por parte del Ejecutivo local: el presupuesto asignado en función de la vivienda viene disminuyendo en los últimos 4 años, y en el presupuesto de 2021 disminuye un 17% interanual, sin contemplar aumento en las asignaciones para las personas en situación de calle._[11] En este sentido, corresponde destacar que la única respuesta de ayuda económica implementada por el gobierno porteño continuó siendo el subsidio habitacional preexistente, sin ningún tipo de adecuación a la situación sanitaria para el acceso al mismo: solo se eximió de presentar documentación a las personas ya incorporadas, y se actualizó su valor a unos $13 mil mensuales.  El gobierno local, ante el pedido de diversas instituciones y de un fallo judicial firme, se negó a extender este beneficio que suele entregarse a las personas en situación de calle, a las familias en riesgo de ser desalojados o ante la inminencia de encontrarse en situación de calle. Más bien, negó esta posibilidad mediante un decreto (N°960/GCABA/08- art.2) que modificó regresivamente a uno anterior. _[12]

La Ciudad de Buenos Aires no implementó programas de apoyo de ingreso adicionales y enfocó su estrategia en el acompañamiento para acceso a programas nacionales y en un refuerzo de los mecanismos de seguridad alimentaria de la población._[13] (Laffaire y Suaya, 2020) Se evidencia así la ausencia de medidas específicas y adecuadas destinadas a reducir la cantidad de desalojos informales por parte del gobierno local.

Más del 80% de los casos de denuncias que recibió la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires refieren que los motivos que inician los desalojos tienen un componente económico, lo que evidencia la vulnerabilidad social del universo en cuestión y la profunda crisis económica que generó la pandemia._[14]

En cuanto a la brecha de género, es clara. Un 78,5% de inquilinas denunciantes son mujeres; estando un 53,9% de ellas solas a cargo de hijos menores de edad. Estas mujeres tuvieron que priorizar las tareas de cuidado, sin poder salir a trabajar, acrecentado así la inseguridad frente a posibles desalojos. A esto, se suma la dificultad de encontrar alquileres que permiten cohabitar con menores de edad._[15]

Conclusiones

Desde la llegada de la COVID-19 mucho se habla en los medios de comunicación sobre las restricciones que impusieron los gobiernos con el fin de resguardar la salud de la población, pero poco se diferencian las limitaciones que de por sí implica el convivir con una pandemia. Eso esconde una indudable realidad: la respuesta estatal en sus diversos niveles pudo haber sido insuficiente, pero fue esencial para mantener ciertos niveles de desarrollo humano. Sin la respuesta estatal millones de personas hubiesen quedado a la deriva.

Este trabajo analizó la dinámica del contexto de pandemia en las villas en relación al derecho a la vivienda, con foco en las relaciones de inquilinato y desde la perspectiva del desarrollo humano.

Las políticas nacionales lograron recuperar parcialmente las capacidades de vivir una vida de duración normal a costa de restringir el movimiento y cierta interacción social. Asimismo, consiguió mantener ciertas condiciones de vida garantizando mínimos niveles de ingreso.

A nivel local fueron insuficientes aquellas relacionadas a tener una vivienda adecuada lo que marca la necesidad de incrementar programas de acceso a la vivienda en toda la Ciudad de Buenos Aires a fin de resolver el déficit habitacional existente. Complementariamente, se debe garantizar una solución habitacional transitoria para los hogares que se encuentren en situación de amenaza de desalojo, y cumplir con la normativa sin regresiones en el caso del gobierno local. Una prestación económica, orientada a estas zonas desfavorecidas, en la que el error de darle al que tiene mucho es bajo y el error de no darle al que lo necesita es altísimo, podría haber evitado generar una importante acumulación de deuda que pone en mayor vulnerabilidad a las personas afectadas.

Tres de los pilares básicos del Desarrollo Humano (equidad, sustentabilidad y empoderamiento) fueron afectados por la nueva situación. Esta condición inhabilita a las personas para definir sus prioridades y elegir los medios para alcanzar niveles de bienestar mínimos.

Con el fin del decreto 320/20 del Ejecutivo, se están ejecutando desalojos pendientes y los inquilinos tendrán que enfrentarse al alquiler actualizado, los aumentos diferidos y las deudas, con una situación laboral delicada.

Las nuevas medidas del gobierno nacional, principalmente las orientadas a beneficiarios de tarjeta Alimentar, pueden significar un respiro a muchos hogares de los barrios populares. No obstante, las problemáticas entrelazadas son complejas y estructurales por lo que requerirá tiempo y, por sobre todo, priorizar a los que menos tienen, lo que requiere paciencia y comprensión de los sectores medios y altos. Por esto, sería muy beneficioso socialmente que el Gobierno de la Ciudad realice un esfuerzo adicional sobre esta problemática acuciante en las zonas más vulneradas en este momento extraordinario que estamos viviendo.

1. Elaborado por el Lic. Pablo Blas Añes (Economista)
2. Defensoría CABA, 2021.
3. Bonfiglio y Marquez, 2017; citado en Laffaire y Suaya, 2020.
4. Defensoría CABA, 2021.
5. Defensoría CABA, 2018.
6. Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, 2018; citado en Defensoría CABA, 2021.
7. Laffaire y Suaya, 2020.
8. CELS, 2021.
9. Defensoría CABA, 2021.
10. Defensoría CABA, 2021.
11. ACIJ, 2020.
12. Defensoría CABA, 2021.
13. Laffaire y Suaya, 2020.
14. Defensoría CABA, 2021.
15. Defensoría CABA, 2021.

BIBLIOGRAFIA

ACIJ (2020). “DERECHO A LA VIVIENDA EN CABA. BAJA PRESUPUESTARIA PARA EL DEFICIT HABITACIONAL”. RESCATADO DE: HTTPS://ACIJ.ORG.AR/INFORME-DERECHO-A-LA-VIVIENDA-EN-CABA-BAJA-PRESUPUESTARIA-PARA-ELDEFICIT-HABITACIONAL/

ALKIRE Y DENEULDIN (2009). “UNA INTRODUCCION AL ENFOQUE DEL DESARROLLO HUMANO Y LAS CAPACIDADES: LIBERTAD Y AGENCIA”. EARTHSCAN, REINO UNIDO.

CELS (2021). “POST. COMO LUCHAMOS (Y A VECES PERDIMOS) POR NUESTROS DERECHOS EN PANDEMIA)” ED. SIGLO XXI EDITORES. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

DEFENSORÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (2021). “DESALOJOS EN VILLAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES: EL PROBLEMA DE LOS ALQUILERES INFORMALES DURANTE LA PANDEMIA DE COVID19” RESCATADO DE: HTTPS://DEFENSORIA.ORG.AR/BIBLIOTECA/#TODAS-LAS-PUBLIC2ACIONES

DEFENSORIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (2018). “LA SITUACION HABITACIONAL EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES” RESCATADO DE: HTTPS://DEFENSORIA.ORG.AR/BIBLIOTECA/#TODAS-LASPUBLICACIONES

LAFFAIRE, MARIA Y SUAYA, AGUSTINA (2020). “ESTRATEGIA DE CONTENCION DEL COVID-19 EN EL BARRIO PADRE CARLOS MUGICA” EVALUACION DE PROCESO. CIPPEC. RESCATADO DE: https://www.cippec.org/publicacion/covid-barrio-mugica-evaluacion-proceso/