Derechos culturales en cuarentena

Ante la irrupción de la pandemia y el confinamiento obligado -saludablemente implementado por el Gobierno nacional en la Argentina con perspectiva humanista y responsablemente recibido por el grueso de la población– nos interesa preguntarnos sobre esa difusa e inasible categoría de “lo cultural” en un contexto también difícil de (de)limitar: Buenos Aires.

En principio, los derechos culturales son aquellos que atienden a garantías ciudadanas -individuales y colectivas- vinculadas a las dimensiones simbólicas dentro del marco normativo vigente. En la Argentina, la mayoría ingresaron con rango constitucional después de la reforma de 1994, y son hijos del desarrollo del Estado de Bienestar a posteriori de la Segunda Guerra Mundial, en momentos en los que se legisló no solo para prevenir excesos de la acción estatal, sino también para obligar al Estado a la garantía de ciertos derechos básicos (como a la educación o la salud pública, por ejemplo).

Pero los derechos culturales también constituyen -en nuestra perspectiva- una categoría política, de creciente utilización en la narrativa de organizaciones populares y militantes sectoriales. Una forma de vincular la cultura con los procesos políticos de ampliación de derechos. En este sentido, la categoría es multívoca: suele tener tantos significados como enunciantes, y se utiliza para fines tan variados como la defensa de las lenguas indígenas americanas, como para intentar resistir la abolición de las corridas de toros (en Perú, por ejemplo).

En momentos en los que la producción artística ha demostrado ser un soporte psicoafectivo primario en los procesos de sociabilidad (desde el consumo masivo de “vivos” y contenidos varios por plataformas digitales por parte de la clase media, hasta el refugio en la televisión y la radio de aquellos sectores con menos penetración digital), la realidad es que la fragilidad de los trabajadores de la cultura en términos económico-laborales es endémica, y poco atribuible a la pandemia, que extrema las carencias estructurales de los sectores artísticos.

En criollo: los artistas que buscan profesionalizarse (porque también hay sectores vocacionales con otras ocupaciones primarias) se cagan de hambre. No buscamos minimizar los aportes del sector público: las principales agencias que operan sobre “Buenos Aires” (Nación, Ciudad y Provincia) han activado líneas de emergencia, en contextos económicos difíciles de empeorar, y con un nivel de coordinación inédito siendo una composición política heterogénea; y en el caso de Nación, puntualmente, el aparato estatal viene vapuleado después de la experiencia macrista. Pero no tenemos dudas de que los presupuestos disponibles serán insuficientes, por un lado, y distribuidos deficitariamente, en tanto habrá quienes lo reciban necesitándolo menos que otros.

¿Y por qué es esto? ¿Los vicios de la política, cierto? Realmente, no . El problema es que el decisor de la sustentabilidad económica de las trayectorias artísticas -en todos los lenguajes- ha sido desde hace varias décadas exclusivamente el mercado, y este -con los medios de comunicación y la publicidad como dispositivos- ha moldeado los hábitos de consumo en su favor. El Estado no pudo, no supo y/o no quiso (cada momento presentó combinaciones únicas que exceden este artículo ) priorizar los semilleros, apostando siempre más a que los legitimados de turno hagan brillar las políticas públicas, que a la emergencia de nuevos troilos, facios, favios, yupanquis, WOSs, forners, jauretches… etcétera. En todo caso, el sistema político es responsable de no lograr, ni intenar, desarticular un sistema en el que para ser artista (o reconocido como tal, mejor dicho), el mercado, pero más aún, el dispositivo de la industria cultural concentrada -y maridada con los oligopolios mediático financieros, ya sabemos- es determinante.

Pero los derechos culturales también constituyen -en nuestra perspectiva- una categoría política, de creciente utilización en la narrativa de organizaciones populares y militantes sectoriales. Una forma de vincular la cultura con los procesos políticos de ampliación de derechos. En este sentido, la categoría es multívoca: suele tener tantos significados como enunciantes, y se utiliza para fines tan variados como la defensa de las lenguas indígenas americanas, como para intentar resistir la abolición de las corridas de toros (en Perú, por ejemplo).

En momentos en los que la producción artística ha demostrado ser un soporte psicoafectivo primario en los procesos de sociabilidad (desde el consumo masivo de “vivos” y contenidos varios por plataformas digitales por parte de la clase media, hasta el refugio en la televisión y la radio de aquellos sectores con menos penetración digital), la realidad es que la fragilidad de los trabajadores de la cultura en términos económico-laborales es endémica, y poco atribuible a la pandemia, que extrema las carencias estructurales de los sectores artísticos.

En criollo: los artistas que buscan profesionalizarse (porque también hay sectores vocacionales con otras ocupaciones primarias) se cagan de hambre. No buscamos minimizar los aportes del sector público: las principales agencias que operan sobre “Buenos Aires” (Nación, Ciudad y Provincia) han activado líneas de emergencia, en contextos económicos difíciles de empeorar, y con un nivel de coordinación inédito siendo una composición política heterogénea; y en el caso de Nación, puntualmente, el aparato estatal viene vapuleado después de la experiencia macrista. Pero no tenemos dudas de que los presupuestos disponibles serán insuficientes, por un lado, y distribuidos deficitariamente, en tanto habrá quienes lo reciban necesitándolo menos que otros.

¿Y por qué es esto? ¿Los vicios de la política, cierto? Realmente, no . El problema es que el decisor de la sustentabilidad económica de las trayectorias artísticas -en todos los lenguajes- ha sido desde hace varias décadas exclusivamente el mercado, y este -con los medios de comunicación y la publicidad como dispositivos- ha moldeado los hábitos de consumo en su favor. El Estado no pudo, no supo y/o no quiso (cada momento presentó combinaciones únicas que exceden este artículo ) priorizar los semilleros, apostando siempre más a que los legitimados de turno hagan brillar las políticas públicas, que a la emergencia de nuevos troilos, facios, favios, yupanquis, WOSs, forners, jauretches… etcétera. En todo caso, el sistema político es responsable de no lograr, ni intenar, desarticular un sistema en el que para ser artista (o reconocido como tal, mejor dicho), el mercado, pero más aún, el dispositivo de la industria cultural concentrada -y maridada con los oligopolios mediático financieros, ya sabemos- es determinante.

Pero los derechos culturales también constituyen -en nuestra perspectiva- una categoría política, de creciente utilización en la narrativa de organizaciones populares y militantes sectoriales. Una forma de vincular la cultura con los procesos políticos de ampliación de derechos. En este sentido, la categoría es multívoca: suele tener tantos significados como enunciantes, y se utiliza para fines tan variados como la defensa de las lenguas indígenas americanas, como para intentar resistir la abolición de las corridas de toros (en Perú, por ejemplo).

En momentos en los que la producción artística ha demostrado ser un soporte psicoafectivo primario en los procesos de sociabilidad (desde el consumo masivo de “vivos” y contenidos varios por plataformas digitales por parte de la clase media, hasta el refugio en la televisión y la radio de aquellos sectores con menos penetración digital), la realidad es que la fragilidad de los trabajadores de la cultura en términos económico-laborales es endémica, y poco atribuible a la pandemia, que extrema las carencias estructurales de los sectores artísticos.

En criollo: los artistas que buscan profesionalizarse (porque también hay sectores vocacionales con otras ocupaciones primarias) se cagan de hambre. No buscamos minimizar los aportes del sector público: las principales agencias que operan sobre “Buenos Aires” (Nación, Ciudad y Provincia) han activado líneas de emergencia, en contextos económicos difíciles de empeorar, y con un nivel de coordinación inédito siendo una composición política heterogénea; y en el caso de Nación, puntualmente, el aparato estatal viene vapuleado después de la experiencia macrista. Pero no tenemos dudas de que los presupuestos disponibles serán insuficientes, por un lado, y distribuidos deficitariamente, en tanto habrá quienes lo reciban necesitándolo menos que otros.

¿Y por qué es esto? ¿Los vicios de la política, cierto? Realmente, no . El problema es que el decisor de la sustentabilidad económica de las trayectorias artísticas -en todos los lenguajes- ha sido desde hace varias décadas exclusivamente el mercado, y este -con los medios de comunicación y la publicidad como dispositivos- ha moldeado los hábitos de consumo en su favor. El Estado no pudo, no supo y/o no quiso (cada momento presentó combinaciones únicas que exceden este artículo ) priorizar los semilleros, apostando siempre más a que los legitimados de turno hagan brillar las políticas públicas, que a la emergencia de nuevos troilos, facios, favios, yupanquis, WOSs, forners, jauretches… etcétera. En todo caso, el sistema político es responsable de no lograr, ni intenar, desarticular un sistema en el que para ser artista (o reconocido como tal, mejor dicho), el mercado, pero más aún, el dispositivo de la industria cultural concentrada -y maridada con los oligopolios mediático financieros, ya sabemos- es determinante.

Fuera de esto, la cultura popular siempre resiste, se actualiza, resurge. Es viva. Tan viva como los indios, cuya asimiliación y desaparición tan pregonada, fracasó. Y acá siguen. Somos nosotros, como los negros. Tan parte nuestra como los árabes… y los que vinieron en los barcos, obvio. Todo eso somos, y seguiremos siendo más allá del Estado (y del mercado). Pero siendo lo mismo, no seremos lo igual.

Porque, en este momento, los centros culturales -que ya venían castigados- cierran en todo el país, en el marco de una crisis que le pega especialmente fuerte al sector. Los elencos artísticos se endeudan y disgregan. Algunas disciplinas, como el teatro, se cuestionan si pueden ser tales con la mediación digital. En otras, como la música, se evidencian las desigualdades estructurales: muchos vimos un recital global -muy bienintencionado- con figuras internacionales (o sea, sin argentinos); muchos de nosotros no vimos ni escuchamos nada nuevo propio. Una vez más. Y de esos pocos que sí lo hicimos, la mayoría -nuevamente- no aportamos económicamente la reproducción de la vida de esas y esos realizadores.

Pero también es verdad que cuando estos espacios sobrevivían, lo que se generaba en su seno siempre tuvo condiciones deficitarias para acceder a las estructuras de difusión y comercialización. Condenados -contenidos y productores simbólicos- a jugar en el ascenso eternamente, viendo por tevé que otro mundo ¿es posible? Este fenómeno no es nacional. Hay colegas pensándolo en los diferentes países de la región, y progresivamente también a nivel regional.

Existen estrategias de innovación, como la venta a futuro de bienes y servicios culturales. Hay nuevas discusiones sobre el financiamiento del sector. Lo cierto es que quienes no construyeron comunidad con los consumidores de sus producciones, están particularmente condenados. El nivel de consumo nacional de cultura -que algunos discuten si es alto o bajo y, en definitiva, su cualificación es subjetiva- está por debajo del necesario para la sustentabilidad del sector. En tanto y en cuanto las políticas culturales no asuman esto como su principal desafío, y logren proyectarse en el tiempo como políticas de Estado, trascendiendo gobiernos y orientaciones de lo público a lo largo de décadas, nuestra capacidad de (re)crearnos, compartiendo horizontes fraternos que nos permitan la solidaridad orgánica entre con-nacionales (compatriotas latinoamericanos que compartimos una Patria Grande) está condicionada. Y nosotros, colectivamente amenazados.